Amnistía Internacional solicita al gobierno ecuatoriano otorgar protección inmediata al Defensor del Pueblo y a su familia para salvaguardar su vida y su integridad personal

Tras las reiteradas amenazas de muerte recibidas por el Defensor del Pueblo, Freddy Vinicio Carrión Intriago, el gobierno ecuatoriano debe proteger su vida e integridad y la de su familia, dijo Amnistía Internacional hoy. Además, debe garantizar que la Defensoría del Pueblo pueda realizar su labor de promover y proteger los derechos humanos con autonomía, independencia y libre de amenazas o intimidaciones.

“En la crisis que atravesó Ecuador en octubre de 2019 la Defensoría del Pueblo tuvo un papel fundamental en la documentación de violaciones de derechos humanos, la protección de las personas afectadas y la provisión de información independiente”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Es irónico que las personas y organizaciones de derechos humanos que tuvieron un papel fundamental en la denuncia de violaciones de derechos humanos durante la crisis son quienes se encuentran ahora en riesgo y sin la protección debida. El caso del Defensor del Pueblo y la Defensoría es evidencia clara de esa situación. Las autoridades ecuatorianas deben tomar de inmediato las medidas necesarias para garantizar su seguridad ante las graves amenazas que enfrenta”.

El 11 de febrero, la Defensoría del Pueblo manifestó a través de una nota pública su alarma por las amenazas, acusaciones infundadas y ataques con enfoque político recibidas por el Defensor del Pueblo a través de medios de comunicación y redes sociales. La institución afirmó que estos hechos fueron resultado de su trabajo de documentación de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto del paro nacional de octubre de 2019.

En la misma comunicación, se señala que el Defensor del Pueblo presentó la denuncia por las amenazas ante la Fiscalía General del Estado el 6 de febrero. En dicha denuncia, a la cual tuvo acceso Amnistía Internacional, el Defensor solicitó que “se interpongan las medidas que garanticen [su] seguridad y la de [su] familia”.

No obstante, siete días después, el 13 de febrero alrededor del mediodía, mientras el Defensor del Pueblo se encontraba en Guayaquil, el guardia de seguridad del conjunto residencial en el que vive en Quito con su familia recibió una llamada indicando que había una bomba en la vivienda del Defensor.  

El Defensor del Pueblo señaló el día hoy a un medio de comunicación que las amenazas se han producido “a raíz prácticamente de que salió el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que establecía que el Estado ecuatoriano tiene responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza” en el contexto del paro nacional en octubre.

El 14 de enero la CIDH presentó las observaciones de su visita a Ecuador, en las que instó a las autoridades a investigar de forma pronta y exhaustiva cualquier denuncia de violencia y establecer las sanciones correspondientes, tanto en denuncias del uso excesivo de la fuerza cometidas por los agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad, como en hechos de agresiones y saqueos por parte de la población.

En una carta abierta publicada el día de hoy, el Defensor del Pueblo señaló que, además de las amenazas personales recibidas, la Defensoría ha sufrido una serie de ataques que buscan afectar su credibilidad institucional, así como obstáculos administrativos que intentan socavar el cumplimiento efectivo de su labor.

La respuesta del gobierno ecuatoriano al Informe de la Comisión ha sido rechazar cualquier acusación de uso excesivo de la fuerza. El 20 de enero, el Presidente Lenín Moreno denunció en un mensaje a la ciudadanía que las protestas fueron el resultado de “un ataque terrorista organizado” y negó cualquier uso de armas letales por parte de la Policía, además de afirmar que ningún miembro de la Fuerza Pública había disparado “ni una bala”.

Asimismo, el 24 de enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana emitió un comunicado rechazando las observaciones de la CIDH al señalar que son parciales y poco objetivas. El Ministerio calificó las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado durante los hechos de octubre como “hechos aislados… que aún se hallan en investigación”.

Finalmente, la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, el comandante general de la Policía Nelson Villegas, y el general inspector de operaciones Patricio Carrillo, señalaron que la Policía “nunca utilizó la fuerza letal”. El informe fue también rechazado por otros funcionarios del gobierno.

El 11 de octubre, a través de la verificación inmediata de evidencia audiovisual, Amnistía Internacional comprobó cinco episodios que ejemplifican el uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad. En esos incidentes, agentes policiales atropellaron, golpearon o lanzaron gas lacrimógeno a personas, algunas de ellas periodistas, de manera innecesaria y desproporcional, hiriéndolas y violando estándares internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional solicita al gobierno ecuatoriano otorgar protección inmediata al Defensor del Pueblo y a su familia para salvaguardar su vida y su integridad personal. Las autoridades deben investigar de manera inmediata, imparcial e independiente las amenazas sufridas por el Defensor; llevar a las personas sospechosas de responsabilidad penal ante la justicia; y garantizar que la Defensoría del Pueblo esté libre de amenazas y presiones políticas, para que pueda continuar realizando su importante y legítima labor en un entorno libre y seguro.

Para más información o para concertar una entrevista, póngase en contacto con Duncan Tucker: duncan.tucker@amnesty.org