El Parlamento recién elegido de Túnez debe comprometerse a proteger los derechos humanos, ha manifestado Amnistía Internacional tras anunciar el país los primeros resultados de sus elecciones parlamentarias.

En una carta abierta a los parlamentarios y parlamentarias entrantes, la organización ha publicado una agenda de derechos humanos en la que se ponen de relieve 10 asuntos apremiantes para que el Parlamento les dé prioridad en los seis próximos meses. Entre ellos figuran: elegir a todos los miembros necesarios del Tribunal Constitucional, despenalizar la libertad de expresión, proteger la libertad de asociación en la legislación, aplicar las recomendaciones del informe sobre justicia transicional, garantizar la igualdad de género y despenalizar las relaciones homosexuales.

“La nueva asamblea legislativa de Túnez tiene un papel crucial que desempeñar a la hora de poner fin a los retrasos que mantienen paralizadas las reformas en materia de derechos humanos y realizar los cambios necesarios para garantizar la transición política del país y brindar la máxima protección a los derechos humanos consagrados en la Constitución tunecina”, ha afirmado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Nueve años después del levantamiento, los tunecinos y tunecinas merecen un país donde se protejan y hagan valer sus derechos y donde las graves violaciones de derechos humanos del pasado no se repitan y se lleve a sus autores ante la justicia. La agenda de 10 puntos de Amnistía Internacional propone a la asamblea legislativa un plan de acción concreto para sus primeros meses, dirigido a ajustar las leyes de Túnez a su propia Constitución y al derecho internacional de los derechos humanos.

“Dando prioridad a estos 10 asuntos clave, el Parlamento tunecino garantizará que se vea al país como un verdadero modelo para Oriente Medio y el Norte de África en lo que a los derechos humanos se refiere.”

A pesar de algunos avances realizados por el Parlamento de Túnez en los últimos, como la aprobación de una ley histórica sobre la violencia contra las mujeres, el proceso de ajustar las leyes tunecinas a la Constitución y a las obligaciones contraídas por el país en virtud del derecho internacional de los derechos humanos sigue estando incompleto. Además, los esfuerzos del Parlamento anterior por mantener su función supervisora y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas del poder ejecutivo fueron limitados.

En su agenda de derechos humanos de 10 puntos, Amnistía Internacional insta a las autoridades tunecinas a:

• comprometerse a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional que faltan
• aplicar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Dignidad
• revocar las disposiciones jurídicas que penalizan la libertad de expresión
• proteger el espacio de una sociedad civil independiente
• reforzar la supervisión parlamentaria para garantizar que los responsables de violaciones de derechos humanos comparecen ante la justicia
• garantizar la igualdad de género
• despenalizar las relaciones homosexuales
• garantizar que las medidas de excepción no violan los derechos humanos
• establecer una Comisión para el Desarrollo Sostenible y los Derechos para las Generaciones Futuras
• abolir la pena de muerte.