En 2015, las autoridades marroquíes acusaron a Maati Monjib y a otras cuatro personas de “amenazar la seguridad interna del Estado” mediante “propaganda” que podría poner en peligro “la lealtad que los ciudadanos deben al Estado y a las instituciones del pueblo marroquí” en virtud del artículo 206 del Código Penal, según los documentos judiciales. De ser declarado culpable, Monjib podría ser condenado a penas de hasta cinco años de prisión

Dos destacados defensores de los derechos humanos marroquíes han sido blanco de una tecnología de vigilancia desarrollada por la empresa israelí NSO Group, según una nueva investigación publicada hoy por Amnesty Tech.

Maati Monjib, intelectual y activista de derechos humanos, y Abdessadak El Bouchattaoui, abogado de derechos humanos que ha representado a manifestantes del movimiento de protesta del Rif (Hirak) en favor de la justicia social, han sido objetivo de esta tecnología reiteradamente desde 2017. Ambos recibieron mensajes de SMS con enlaces maliciosos que, al hacer clic en ellos, instalan en secreto el programa espía Pegasus, que permite al remitente del mensaje tener un control casi absoluto del teléfono. Esta misma tecnología fue utilizada con un miembro del personal de Amnistía y un activista de derechos humanos saudí en junio de 2018.

Se sabe que NSO Group sólo vende sus programas espía a servicios de inteligencia gubernamentales y organismos encargados de hacer cumplir la ley, lo cual hace temer que las agencias de seguridad marroquíes estén detrás de estas actividades de vigilancia.

“La investigación de Amnistía Internacional ha puesto al descubierto nuevos e inquietantes indicios que demuestran mejor cómo los programas espía maliciosos de NSO Group están permitiendo la represión promovida por el Estado de los defensores y defensoras de los derechos humanos”, ha dicho Danna Ingleton, directora adjunta de Amnesty Tech. 

“Someter a activistas y otras personas que critican pacíficamente el historial de derechos humanos de Marruecos a acoso o intimidación mediante técnicas invasivas de vigilancia digital es una flagrante violación de sus derechos a la privacidad y la libertad de expresión.”

En mayo de 2019, Amnistía Internacional apoyó acciones judiciales para llevar ante los tribunales al Ministerio de Defensa de Israel y exigirle que retirara la licencia de exportación a NSO Group. La organización alegó que el Ministerio de Defensa pone en peligro los derechos humanos al permitir a NSO que siga exportando sus productos a gobiernos de todo el mundo.

Estos ataques se inscriben en un patrón más amplio de represalias emprendidas en los últimos años por el gobierno marroquí contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente tras la intensificación de la represión del movimiento de protesta en la región del Rif, al norte del país, desde 2016. En la actualidad, los defensores y defensoras de los derechos humanos marroquíes sufren hostigamiento, intimidación y cárcel, y las autoridades recurren cada vez con más frecuencia al uso de leyes represivas contra ellos sólo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en Marruecos y Sáhara Occidental. 

Uno de los activistas que fueron blanco del software de NSO, Abdessadak El Bouchattaoui, fue condenado injustamente a dos años de cárcel por un tribunal de lo penal marroquí en abril de 2018 por unos comentarios que publicó en Internet en los que criticaba el uso excesivo de la fuerza por las autoridades durante las protestas del Rif. El activista dijo a Amnistía Internacional que lo habían seguido y lo habían amenazado de muerte reiteradamente, y que a sus familiares y sus clientes los habían hostigado. Ahora ha solicitado asilo en Francia. 

Abdessadak El Bouchattaoui describió a Amnistía Internacional el impacto psicológico que supone sentirte bajo vigilancia todo el tiempo: “La vigilancia es un tipo de castigo. No tienes libertad para actuar. Parte de la estrategia [de las autoridades] es hacerte sospechar que te vigilan, y así tienes todo el tiempo la sensación de que estás bajo presión. 

En 2015, las autoridades marroquíes acusaron a Maati Monjib y a otras cuatro personas de “amenazar la seguridad interna del Estado” mediante “propaganda” que podría poner en peligro “la lealtad que los ciudadanos deben al Estado y a las instituciones del pueblo marroquí” en virtud del artículo 206 del Código Penal, según los documentos judiciales. De ser declarado culpable, Monjib podría ser condenado a penas de hasta cinco años de prisión. Los cargos se presentaron simplemente porque Monjib promovió una aplicación para teléfonos móviles para el periodismo ciudadano que protegía la privacidad de los usuarios. 

El juicio aún está en marcha, y se cree que también Maati Monjib ha sido blanco de vigilancia mediante ataques de inyección de su red de telefonía móvil que permiten al atacante acceder a la conexión de red de la víctima para controlar y redirigir las solicitudes web hacia descargas maliciosas. Este tipo de ataques se ejecutan de forma “invisible” en la red y prácticamente no dejan rastro.

El Grupo NSO afirma que su tecnología sólo se utiliza con fines lícitos, como la lucha contra el terrorismo y el delito. La empresa publicó recientemente una política de derechos humanos y asegura tener mecanismos de diligencia debida en materia de derechos humanos para investigar y evitar abusos gubernamentales. Sin embargo, la falta de transparencia sobre las investigaciones respecto al uso indebido de su tecnología pone en tela de juicio estas afirmaciones. 

“Los últimos indicios muestran a las claras que en la actualidad NSO no es capaz de evitar que los gobiernos utilicen ilegalmente su tecnología de vigilancia como herramienta para violar los derechos humanos”, ha afirmado Danna Ingleton. 

“En vez de intentar encubrir las violaciones de derechos humanos relacionadas con sus productos, NSO debe implementar con urgencia procesos de diligencia debida más eficaces para que sus programas de vigilancia dejen de utilizarse indebidamente.” 

Conforme a los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU, NSO Group y su principal inversor, la empresa británica de capital privado Novalpina, tienen la obligación clara de tomar medidas urgentes para garantizar que no están causando abusos contra los derechos humanos en todo el mundo ni contribuyendo a ellos.