La migración forzada es una consecuencia de la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua. Hasta en Costa Rica es evidente el impacto de las estrategias de represión del gobierno del presidente Ortega”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

La comunidad internacional debe apoyar a Costa Rica en sus esfuerzos para recibir, proteger y apoyar a las personas que huyen de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, dijo Amnistía Internacional hoy.

“La migración forzada es una consecuencia de la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua. Hasta en Costa Rica es evidente el impacto de las estrategias de represión del gobierno del presidente Ortega”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Al permitir el ingreso de las personas nicaragüenses, el gobierno de Costa Rica les está salvando la vida y dándoles la libertad que se les niega en su propio país. Pero aún quedan muchos retos y sobre todo un primer paso serio y una respuesta contundente. La situación de las personas nicaragüense se está deteriorando debido a la falta de acceso efectivo a derechos como la salud, la educación y el trabajo. Esta es una responsabilidad compartida y la comunidad internacional debe acompañar a Costa Rica.” 

La semana pasada, una delegación de Amnistía Internacional, integrada por el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán; la directora para las Américas, Erika Guevara Rosas; y la investigadora para Centroamérica, Astrid Valencia, viajó a Costa Rica para reunirse con grupos de personas nicaragüenses que tuvieron que salir del país por la crisis, entre ellos campesinos, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y víctimas de violaciones de derechos humanos.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, hay aproximadamente 42.000 personas nicaragüenses con necesidad de protección internacional en Costa Rica, de las cuales 23.000 han iniciado el proceso para solicitar la condición de refugiado en el país.

Los representantes de Amnistía Internacional visitaron el barrio La Carpio en San José, donde conversaron con familias nicaragüenses que tuvieron que migrar en el contexto de la Operación Limpieza, un operativo represivo un contra de las personas que protestaban el gobierno de Daniel Ortega. La delegación verificó que viven en hacinamiento y en condiciones insalubres, sin acceso a servicios básicos como la educación y la salud, y sin la posibilidad de integrarse al mercado laboral debido a las demoras en obtener los trámites de solicitud de refugio y permiso laboral. 

En una reunión con Amnistía Internacional, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, se comprometió a diseñar y aprobar a la brevedad un plan de acción y atención a las personas nicaragüenses con necesidad de protección internacional.

Dicho plan debe partir de la generación y análisis de datos confiables sobre el número de personas nicaragüenses en Costa Rica y sus necesidades, así como mejorar significativamente la coordinación entre las distintas entidades del Estado involucradas. Además, debería de incluir no sólo aspectos vinculados a simplificar el trámite de solicitud del estatus de refugiado, sino también el acceso efectivo a los derechos humanos. 

En el informe Sembrando el terror: De la letalidad a la represión, publicado el octubre pasado, Amnistía Internacional verificó el desplazamiento interno y la migración de personas debido al temor fundado de sufrir agresiones, detenciones u hostigamiento al permanecer en sus localidades.

La organización documentó la falta de investigación efectiva de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos, la impunidad y la falta de confianza en las instituciones responsables de garantizar el acceso a la justicia, que son, entre otros, elementos que detonaron la migración y el desplazamiento.