“La estrategia de control social que tratan de imponer las autoridades de Nicolás Maduro a través del miedo y el castigo contra quienes exigen un cambio, es repulsiva. Su gobierno se está ensañando con la gente más empobrecida que dice defender, pero que luego asesina, detiene y amenaza”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Fuerzas de seguridad venezolanas bajo la línea de mando de Nicolás Maduro ejecutaron a personas, usaron fuerza excesiva y detuvieron arbitrariamente a cientos de ellas, incluyendo adolescentes, en una escalada de su política de represión para controlar a la sociedad venezolana y castigar particularmente a habitantes de zonas populares que decidieron protestar entre los días 21 al 25 de enero de 2019, dijo Amnistía Internacional hoy.

“La estrategia de control social que tratan de imponer las autoridades de Nicolás Maduro a través del miedo y el castigo contra quienes exigen un cambio, es repulsiva. Su gobierno se está ensañando con la gente más empobrecida que dice defender, pero que luego asesina, detiene y amenaza”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Venezuela vive desde hace años una profunda crisis de violaciones masivas de derechos humanos, ante la escasez de alimentos, medicinas, hiperinflación, violencia y represión política, y que ha obligado a más de 3 millones de personas a huir del país desde el 2015.

Ante esta realidad desoladora, miles de personas han salido a las calles a exigir un cambio de gobierno. Del 21 al 25 de enero, se registraron numerosas manifestaciones, muchas de ellas en zonas populares, donde las protestas demandando este cambio no habían sido tan visibles hasta ese momento. Existe una amplia presencia de grupos armados pro Nicolás Maduro (conocidos comúnmente como “colectivos”) en estos sectores, cuyos habitantes dependen en gran medida de los, actualmente limitados, programas de distribución de alimentos básicos del Estado.

En sólo cinco días, al menos 41 personas fallecieron durante estas protestas, todas por herida de arma de fuego. Más de 900 fueron detenidas de forma arbitraria, y tan solo el 23 de enero (día en que se convocaron manifestaciones en todo el país), se reportaron 770 detenciones arbitrarias.

En una misión de investigación en los estados Lara, Yaracuy, Vargas y distintas localidades de Caracas, del 31 de enero al 17 de febrero, Amnistía Internacional recabó más de 50 testimonios, y documentó 15 casos emblemáticos, algunos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Los hallazgos de esta investigación serán ampliados en un informe público próximamente.

Las evidencias recabadas en estas diferentes localidades muestran patrones comunes. Éstas indican que las autoridades estatales llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales selectivas como método de control social a través de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente de sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), contra personas que participaron de alguna forma en las protestas. Las zonas populares de Caracas y otras localidades del país fueron especialmente afectadas y estigmatizadas, registrando el mayor número de víctimas mortales, que luego fueron presentadas como “delincuentes” muertos en enfrentamientos con las autoridades.

Ejecuciones extrajudiciales

Amnistía Internacional documentó seis ejecuciones extrajudiciales a manos de las FAES en varias localidades del país, todas con un modus operandi similar. En todos los casos, las víctimas tenían algún vínculo con las protestas en días anteriores y las denuncias de varios de ellos en contra de Nicolás Maduro se habían vuelto virales en redes sociales.

Las seis víctimas eran hombres jóvenes a quienes las autoridades presentaron públicamente como muertos en enfrentamiento con las FAES. Esta fuerza pública manipuló las escenas de crimen, y pintó a las víctimas como delincuentes, refiriendo que varios de ellos tenían antecedentes penales en un intento de justificar las muertes.

“Como hemos visto muchas veces en Venezuela, las autoridades intentan hacer creer que las personas que murieron durante los días de protestas, principalmente jóvenes de zonas de escasos recursos, eran delincuentes. Su único crimen fue atreverse a pedir un cambio y exigir una vida digna”, dijo Erika Guevara Rosas.

Luis Enrique Ramos Suárez tenía 29 años cuando oficiales de las FAES lo ejecutaron el 24 de enero en la ciudad de Carora. Un día antes, se había hecho viral un audio donde se anunciaban protestas contra Nicolás Maduro y la alcaldía de Carora. En este audio, se mencionaba el apodo de Luis Enrique como uno de los organizadores.

El día 24, más de 20 integrantes de las FAES fuertemente armados y en su mayoría encapuchados, allanaron ilegalmente la casa de los Ramos Suárez, y sometieron a malos tratos a los diez miembros de la familia que se encontraban ahí, de los cuales seis eran niños. Tras ubicar a Luis Enrique a través de su apodo, lo obligaron a arrodillarse en medio de la sala mientras que un funcionario le tomaba fotos y otros lo golpeaban.

Encerraron a los demás miembros de la familia en diferentes cuartos de la casa, les amenazaron y les golpearon en distintas partes del cuerpo. Posteriormente, retiraron a su familia a la fuerza y les trasladaron en un convoy de la PNB hasta un lugar a dos kilómetros de la casa. Minutos después, dispararon a Luis Enrique dos veces en el pecho. Murió inmediatamente.

Según los testimonios recabados, tras ejecutar a Luis Enrique, oficiales de las FAES dispararon dentro de la casa para simular un enfrentamiento. Además de fabricar evidencia, manipularon la escena del crimen, arrastrando el cadáver hasta un vehículo en el que fue finalmente trasladado a la morgue, violando así los protocolos mínimos de investigación penal.

Uso excesivo de la fuerza

Amnistía Internacional documentó también los casos de dos jóvenes muertos y un joven herido por armas de fuego a manos de los cuerpos de seguridad pública mientras participaban en protestas. Tanto la PNB como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) participaron en este tipo de operativos.   

Alixon Pizani, panadero de 19 años de edad, falleció el 22 de enero por una bala en el tórax, cuando protestaba con un grupo de amigos en Catia, al oeste de Caracas. Según testigos, un oficial con uniforme de la PNB montado en una moto disparó con un arma corta de forma aleatoria contra la multitud, hiriendo a dos personas gravemente.

Sin que ninguna autoridad le brindara auxilio, Alixon fue trasladado a un centro de salud, donde murió. Su familia dice que a la entrada del hospital funcionarios de las FAES comenzaron a lanzar disparos en ráfagas contra los amigos y familiares de Alixon, quienes inmediatamente se refugiaron adentro. Hasta el momento no consta que la fiscalía haya iniciado una investigación.

Detenciones arbitrarias

Según el Foro Penal Venezolano, las autoridades detuvieron a 137 niños, niñas y adolescentes en todo el país del 21 al 31 de enero. De esos casos, Amnistía Internacional documentó la detención arbitraria de seis personas, entre ellas cuatro adolescentes que participaban en una protesta, o simplemente la observaban de cerca, en la ciudad de San Felipe el 23 de enero.

En entrevista con Amnistía Internacional, dijeron que, al detenerlos, las autoridades los golpearon, los insultaron con calificativos de “guarimberos” y “terroristas”, los expusieron a sustancias irritantes, privación del sueño, y los amenazaron de muerte. Según sus testimonios, los funcionarios que los detuvieron pertenecían a varios cuerpos de seguridad del Estado, e iban acompañados por personas vestidas de civil.

“Detener arbitrariamente a más de un centenar de adolescentes y someterlos a tratos crueles, que en ocasiones pudieron haber constituido tortura, pone en evidencia cuán lejos están dispuestas a llegar las autoridades en su intento desesperado de limitar la protesta e intentar someter a la población”, dijo Erika Guevara Rosas.

Los cuatro adolescentes fueron acusados de delitos que, bajo la legislación nacional, no permiten privar de la libertad a adolescentes, pero permanecieron ocho días recluidos por orden judicial. Pasaron cuatro de estos días en el Centro de Rehabilitación de Menores, de régimen militar, donde les raparon el pelo y les obligaron a cantar frases como “somos los hijos de Chávez”. 

El 29 de enero, una de las juezas a cargo de tres de estos casos, manifestó públicamente haber recibido la orden de mantener a los adolescentes privados de libertad, a pesar de no existir fundamento legal. Tras esta denuncia, fue retirada de su cargo y abandonó el país. Los cuatro adolescentes permanecen sujetos a proceso, con restricciones a su libertad.

Los jóvenes expresaron lo frustrante que era vivir en medio de una crisis económica, social y política a su edad, donde estudiar, comer o vestirse es un reto diario. Algunos expresaron su deseo de salir de Venezuela para buscar un mejor futuro.

Recomendaciones preliminares

Las autoridades venezolanas deben desarticular la política de represión que se ha consolidado en los últimos años y cumplir con su obligación de garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas de violaciones a derechos humanos o crímenes de derecho internacional.

“La justicia venezolana parece tener por regla abandonar a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Las pocas personas que vencen el miedo y denuncian se encuentran indefensas y en riesgo ante la falta de respuesta de las autoridades”, dijo Erika Guevara Rosas.

Debido a los severos obstáculos que existen para acceder a la justicia en Venezuela, Amnistía Internacional pide al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que tome medidas para hacer frente a la impunidad total que prevalece en el país, mediante la creación de un mecanismo de investigación independiente para supervisar e informar sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.

Además, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional podría considerar estos hechos, y de hallarlos fundados, incorporarlos como parte del examen preliminar ya en curso sobre Venezuela.

Por último, los países preocupados genuinamente por la situación de derechos humanos en Venezuela deben explorar el ejercicio de la jurisdicción universal, que sirva de alternativa para la búsqueda de justicia que las víctimas no pueden alcanzar localmente.

“La justicia internacional es la única esperanza para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Es el momento de activar todos los mecanismos disponibles para evitar más atrocidades”, dijo Erika Guevara Rosas.