Miércoles, 30 de enero, 2019
Cuatro empresas de turismo están contribuyendo al mantenimiento, desarrollo y expansión de unos sentamientos ilegales israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados, y beneficiándose de ello, lo que equivale a crímenes e guerra tipificados en el derecho penal internacional
Las empresas digitales están revolucionando la forma en que el mundo hace turismo. Compañías como Airbnb, Booking.com, Expedia y TripAdvisor, que dominan la industria multimillonaria del turismo global en Internet, han logrado un éxito enorme. Todas estas empresas anuncian también numerosos hoteles, hostales, atracciones y visitas en asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), y lo hacen pese a saber que los asentamientos israelíes son ilegales en virtud del derecho internacional y un crimen de guerra.
Estas empresas saben también que los asentamientos israelíes tienen un impacto negativo en un gran número de derechos humanos de la población palestina, algo que viene siendo documentado exhaustivamente por la ONU y organizaciones internacionales independientes como Amnistía Internacional, y muchas organizaciones palestinas e israelíes. Cualquier evaluación de riesgos preliminar básico de las empresas revelaría que toda actividad empresarial en los asentamientos o con ellos contribuiría inevitablemente a sostener una situación ilegal, así como un régimen intrínsecamente discriminatorio y abusivo que conculca los derechos humanos de la población palestina.
Las cuatro empresas afirman que sus operaciones se rigen por elevados valores éticos y respetan el Estado de derecho. Sin embargo, ninguna de estas normas parece influir en sus decisiones en relación con los anuncios en asentamientos. Al hacer negocios con asentamientos, las cuatro empresas están contribuyendo al mantenimiento, desarrollo y expansión de unos sentamientos ilegales, y beneficiándose de ello, lo que equivale a crímenes e guerra tipificados en el derecho penal internacional. Su promoción de los asentamientos israelíes en los TPO como destino turístico también tiene el efecto de “normalizar” y legitimar ante la opinión pública lo que el derecho internacional reconoce como una situación ilegal.
En un nuevo informe, Destino: Ocupación, Amnistía Internacional documenta las formas en que estas empresas de turismo digital contribuyen a la comisión de violaciones de derechos humanos y actúan en directa contradicción con sus propias normas empresariales.