“Decenas de civiles murieron en la matanza perpetrada en el campo para personas desplazadas de Alindao al no hacer nada para repeler a los atacantes armados las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU encargadas de proteger a la población”, ha señalado Joanne Mariner, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis

Naciones Unidas debe llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la respuesta de sus fuerzas de mantenimiento de la paz a un ataque reciente en el que hasta un centenar de civiles perdieron la vida en un campo para personas desplazadas de la República Centroafricana, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, en un nuevo informe.

Según numerosos testigos, las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU no intervinieron cuando, el 15 de noviembre, en Alindao, un grupo armado atacó el campo, sino que se retiraron a su base central en un vehículo blindado, dejando sin protección a miles de civiles.

Debe abrirse de inmediato una investigación imparcial para determinar, en particular, si la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (Minusca) no cumplió con su deber de proteger la vida de más de las más de 18.000 personas residentes allí.

“Decenas de civiles murieron en la matanza perpetrada en el campo para personas desplazadas de Alindao al no hacer nada para repeler a los atacantes armados las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU encargadas de proteger a la población”, ha señalado Joanne Mariner, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis.

“Aunque los atacantes armados las superaran con creces en número, la actuación de las fuerzas de la ONU antes del ataque y en el curso de él pone gravemente en duda que cumplieran con su mandato de protección de la población civil".

La Minusca ha dicho a Amnistía Internacional que, como sus fuerzas eran muy reducidas, les habría resultado imposible contener la violencia. Pero no se explica en absoluto que, con sus vehículos blindados y sus armas pesadas, las fuerzas no tomaran posiciones defensivas que podrían haber disuadido a los atacantes, especialmente si hubieran efectuado disparos de advertencia.

Ataque sangriento

El 15 de noviembre, entre las ocho y las ocho y media de mañana, una sección de Seleka llamada Unión por la Paz en República Centroafricana (Union pour la Paix en Centrafrique, UPC) atacó el campo para personas desplazadas de la misión católica de Alindao. Disparó proyectiles de mortero y granadas propulsadas por cohetes y saqueó y quemó, a continuación, la mayoría de las estructuras de vivienda del campo.

Los combatientes de UPC iban acompañados de gran número de civiles musulmanes armados de Alindao y los pueblos circundantes, que, según informes, estaban enfurecidos a causa de los homicidios de civiles musulmanes que se habían cometido en zona, entre ellos el del conductor de una mototaxi, perpetrado esa misma mañana.

Amnistía entrevistó a 20 personas supervivientes, muchas de las cuales explicaron que las fuerzas mauritanas de la Minusca destacadas allí no habían respondido al ataque. En vez de defender a la población de los atacantes o de efectuar siquiera disparos de advertencia, las fuerzas mauritanas se retiraron a su base principal en el campo.

Cuando los atacantes terminaron de saquear y quemar el lugar al final del día, al menos 70 civiles habían perdido la vida –aunque algunas fuentes calculan un total de casi 100 muertes– y alrededor de 18.000 personas desplazadas se habían visto obligadas a huir otra vez.

Homicidios en gran escala de mujeres, niños y niñas, y personas internamente desplazadas en situaciones de vulnerabilidad

Entre las víctimas había gran número de mujeres, niños y niñas y personas ancianas o con discapacidad.

Georgette, cuya familia se había visto obligada a huir de su hogar, en el barrio de Bangui-ville de Alindao, en mayo de 2017, perdió a su madre y a su hija de ocho años cuando los atacantes derribaron la puerta de su vivienda y dispararon contra ellas. Su madre, Marie, de alrededor de 65 años, murió allí mismo; su hija, Natasha, falleció 10 días más tarde en el hospital de Bambari, donde la habían llevado para que recibiera atención médica.

Las personas ancianas o con discapacidad eran especialmente vulnerables y murieron en gran número al no poder escapar del ataque. A muchas las quemaron vivas en sus viviendas, que estaban construidas con postes de madera y ramas secas sumamente combustibles.

Los atacantes mataron también a dos curas católicos, los hermanos Prospère Blaise Mada y Célestin Ngoumbango. Amnistía Internacional no ha podido confirmar si los atacaron deliberadamente por ser curas, pero, según testigos, en el momento de su muerte llevaban sotana.

Los combatientes de UPC y sus cómplices saquearon masivamente y quemaron luego casi todas las viviendas y vaciaron el almacén del Programa Mundial de Alimentos. Amnistía Internacional examinó imágenes de satélite que mostraban claramente que la zona había sido quemada.

“Naciones Unidas tiene que determinar si la matanza de Alindao pudo haberse evitado y, lo que es aún más importante, qué puede hacer para garantizar que se impiden o se repelen los ataques violentos en el futuro”, ha añadido Joanne Mariner.

Por su sólido mandato de protección de la población civil, las fuerzas de la Minusca mantienen desde hace mucho tiempo una presencia en el campo para personas internamente desplazadas de Alindao. Antes del actual contingente de paz mauritano (al que, desde el ataque del 15 de noviembre, se ha sumado uno ruandés), eran fuerzas burundesas las que protegían el campo.

Gran número de personas que habían residido en el campo dijeron a Amnistía Internacional que el contingente mauritano, que estaba allí aproximadamente desde mayo, no controlaba debidamente la zona ni impedía la entrada de armas y combatientes armados. A diferencia de los contingentes de la MINUSCA destacados anteriormente en el campo, raras veces efectuaba patrullas, y delegaba gran parte de sus deberes cotidianos en un pequeño “equipo de seguridad” de combatientes antibalaka.

“La aparente aceptación del control antibalaka del campo por parte de las fuerzas de mantenimiento de la paz mauritanas hacía que la población civil corriera mucho peligro”, ha explicado Joanne Mariner.

La Minusca negó que sus fuerzas permitieran la presencia de combatientes antibalaka en el campo, señalando que éste es tan grande que resulta sumamente difícil controlarlo. Sin embargo, la actuación de las fuerzas mauritanas muestra que no sólo tenían conocimiento de la presencia de combatientes antibalaka, sino que también la autorizaban.

Amenaza de más violencia

La amenaza de nuevos ataques contra población civil desplazada persiste en gran medida en otras partes del país. El 4 diciembre, combatientes de UPC atacaron, según informes, otro campo para personas internamente desplazadas administrado por la iglesia católica en Ippy, causando la muerte dos niños. Testigos presenciales dijeron a Amnistía Internacional que había allí fuerzas mauritanas de la Minusca en ese momento y no hicieron nada para impedir el ataque.

Votación en la ONU para prorrogar el mandato de mantenimiento de la paz

El Consejo de Seguridad de la ONU celebra el 14 de diciembre una votación para prorrogar otro año el mandato de la Minusca. Amnistía Internacional es partidaria de la presencia de la Minusca en la República Centroafricana y reconoce que, a pesar de las numerosas dificultades, las fuerzas para el mantenimiento de la paz han salvado incontables vidas. Pide a la comunidad internacional que garantice, no obstante, que las fuerzas están debidamente adiestradas, estructuradas y equipadas para cumplir con su ambicioso mandato.

“El secretario general de la ONU, António Guterres, debe garantizar que se lleva a cabo una investigación exhaustiva, oportuna e independiente sobre la causa de los homicidios de Alindao. Servirá para que la ONU cumpla mejor con su mandato de proteger a la población civil de la República Centroafricana”, ha afirmado Joanne Mariner.

“El informe de la investigación debe hacerse público, y tienen que tomarse medidas concretas para aplicar sus recomendaciones".

Además, la Minusca debe garantizar que fuerzas militares adecuadas y con el equipo apropiado efectúan patrullas efectivas en las zonas de alto riesgo del país, incluidas Bambari, Batangafo, Alindao, Ippy, y Bangassou.