“Un año después de finalizada la batalla, los obstáculos para que se haga justicia son aún insalvables para las víctimas y sus familias. Es totalmente condenable que la Coalición se niegue a reconocer su papel en la mayoría de las bajas civiles que ha causado y es aborrecible que, ni siquiera cuando ha reconocido su responsabilidad, acepte obligación alguna hacia sus víctimas”, declaró el secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo

“La persistencia de la Coalición dirigida por Estados Unidos en no admitir, mucho menos investigar debidamente, la estremecedora escala de las muertes de civiles y de la destrucción que causó en Raqqa es una bofetada para las personas supervivientes que intentan reconstruir su vida y su ciudad”, afirma Amnistía Internacional un año después de la ofensiva lanzada para expulsar al grupo armado autodenominado Estado Islámico.

El 17 de octubre de 2017, tras una feroz batalla de cuatro meses, las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) —bajo dirección kurda, aliadas de las fuerzas de la Coalición en el terreno— anunciaron la victoria sobre el Estado Islámico, que había utilizado a civiles como escudos humanos y cometido otros crímenes de guerra en la sitiada Raqqa. La victoria se logró a un costo altísimo: casi el 80% de la ciudad quedó destruida y muchos cientos de civiles perdieron la vida, la mayoría por bombardeos de la Coalición.

En una carta a Amnistía Internacional de 10 de septiembre de 2018, el Departamento de Defensa estadounidense —cuyas fuerzas efectuaron la mayoría de los ataques aéreos y todos los ataques de artillería contra Raqqa— dejó claro que no acepta responsabilidad alguna sobre las víctimas civiles que había causado. La Coalición no tiene previsto indemnizar a supervivientes y familiares de las personas que murieron en Raqqa y se niega a proporcionar más información sobre las circunstancias de los ataques que mataron y mutilaron a civiles.

“Lo preocupante es que el Pentágono ni siquiera parece dispuesto a ofrecer una disculpa por los cientos de civiles muertos en su ‘guerra de aniquilación’ en Raqqa. Esto es un insulto para familias que —tras sufrir la brutalidad del régimen del Estado Islámico— han perdido a sus seres queridos por la catastrófica avalancha de potencia de fuego de la Coalición”, dice Kumi Naidoo, nuevo secretario general de Amnistía Internacional, que acaba de regresar de una visita de campo a Raqqa.

“Un año después de finalizada la batalla, los obstáculos para que se haga justicia son aún insalvables para las víctimas y sus familias. Es totalmente condenable que la Coalición se niegue a reconocer su papel en la mayoría de las bajas civiles que ha causado y es aborrecible que, ni siquiera cuando ha reconocido su responsabilidad, acepte obligación alguna hacia sus víctimas”.

Deficiencias en la información de la Coalición sobre víctimas civiles

El incumplimiento por la Coalición de sus compromisos de realizar investigaciones en el terreno sobre el impacto de sus ataques es una de las razones por las que su propio cómputo de víctimas civiles sea tan inverosímilmente bajo.

Antes de la publicación en junio de 2018 del informe de Amnistía Internacional “Guerra de aniquilación”: Devastadores estragos en la población civil de Raqqa, Siria, la Coalición había admitido haber causado sólo 23 muertes de civiles en toda la campaña de Raqqa. Por increíble que parezca, un año después de la ofensiva, el Ministerio de Defensa británico sigue manteniendo que sus centenares de ataques aéreos sobre Raqqa no causaron ninguna víctima, algo estadísticamente improbable.

Tras una serie de tempestuosos desmentidos de autoridades militares y de políticos, a finales de julio la Coalición admitió sigilosamente  que había causado otras 77 muertes de civiles: casi todas las documentadas en el informe de Amnistía Internacional.

Pese a su admisión de responsabilidad en estos casos —un aumento de más del 300% respecto de informes anteriores— la Coalición insiste en negarse a detallar las circunstancias de la muerte de estas personas civiles.

“Desde luego, ante la muerte de centenares de civiles, se plantea la pregunta de qué fue lo que falló. ¿Fue un mal funcionamiento de las armas, información deficiente o una negligencia fundamental? ¿Verificó la Coalición adecuadamente los objetivos o se redujo a una mala elección de la munición? Estos detalles son cruciales tanto para determinar los hechos y evaluar su legalidad, como para aprender las lecciones necesarias para evitar errores similares en el futuro, lo que es fundamental para reducir el daño a la población civil, que es una obligación legal”, afirma Kumi Naidoo.

En lo que calificó de “respuesta final” a Amnistía Internacional, el Departamento de Defensa estadounidense declaró que no se considera obligado a responder a más preguntas sobre las circunstancias y razones subyacentes en el lanzamiento de los ataques que mataron y mutilaron a tantas personas civiles.

Afirmaciones falsas

El Departamento de Defensa afirmó asimismo falazmente que las experimentadas personas investigadoras y expertas en asuntos militares y jurídicos de Amnistía Internacional no comprenden el derecho internacional humanitario (las leyes de la guerra), insinuando que Amnistía Internacional basaba lo que consideraba indicios razonables de que se había vulnerado la ley únicamente en la muerte de civiles. Con esta afirmación, el Departamento de Defensa ignora deliberadamente los datos que señalan que, en los casos documentados por Amnistía Internacional, no había combatientes del Estado Islámico presentes en el lugar donde se produjeron los ataques aéreos que habían matado y herido a civiles, lo que es una parte clave del análisis, pues Amnistía Internacional cree que son estos datos los que proporcionan indicios razonables de que tales ataques violaron el derecho internacional humanitario.

“La cuestión crucial que plantea nuestra investigación es si la Coalición tomó las precauciones necesarias para reducir el posible daño a la población civil, como exigen las leyes de la guerra. Aunque la Coalición se niega a facilitar esta información, los datos muestran que no las tomó”, afirma Kumi Naidoo.

“Proteger a la población civil consiste en algo más que hacer promesas y usar buenas palabras. Exige una investigación proactiva sobre las víctimas civiles, transparencia y la voluntad de aprender y de modificar los procedimientos que no reducen el riesgo de causar daño a la población civil. También exige reconocer toda la escala del daño causado a la población civil y ofrecer a las víctimas la posibilidad de obtener justicia, rendición de cuentas y una reparación.

“El secretario de Defensa James Mattis ha declarado que las fuerzas estadounidenses son ‘los buenos’. ‘Los buenos’ cumplirían las leyes de la guerra y harían todo lo necesario para garantizar que las personas civiles inocentes que sufren como consecuencia de sus actos obtienen la justicia que merecen”.

Nuevos indicios de una constante general de víctimas civiles

Ante la inexistencia hasta ahora de un esfuerzo significativo por parte de las fuerzas de la Coalición para investigar el impacto de su campaña en Raqqa en la población civil, Amnistía Internacional continúa reuniendo más datos sobre las constantes generales de víctimas civiles en Raqqa. Esto se basa, entre otras cosas, en cuatro investigaciones de campo realizadas hasta ahora en Raqqa —la más reciente de ellas la semana pasada— así como en el uso de conocimientos militares especializados y de análisis expertos exhaustivos de imágenes de satélite.

Amnistía Internacional ha descubierto recientemente detalles de muchos más casos no documentados con anterioridad en los que los ataques de la Coalición causaron la muerte de civiles cuando, aparentemente, no había combatientes del Estado Islámico en las proximidades. Un ejemplo es el de 20 civiles de las familias Merbad y Al Tadfi en ataques aéreos cometidos en junio y septiembre de 2017.

La organización ha realizado también nuevas investigaciones sobre el último de una serie de ataques de la Coalición que causó la muerte de 39 miembros de la familia Badran y a otras 10 personas civiles. La Coalición había reconocido la responsabilidad de 44 de estas muertes y rechazado las restantes como “no creíbles”, pero hay nuevos detalles que precisan la hora y la fecha exactas del ataque aéreo final del 10 de septiembre de 2017 que mató a dos miembros de la familia Badran y a otras tres personas civiles, una de ellas un hombre de 70 años, ex fiscal general de la ciudad.

Amnistía Internacional publicará en breve todos los detalles de estos y de otros muchos casos recién documentados en los que hubo decenas de bajas civiles que no ha reconocido aún la Coalición.

“Mientras la Coalición sigue enterrando la cabeza en la arena, en Amnistía Internacional seguiremos trabajando en el terreno y usando todas las herramientas de las que dispongamos para revelar todo el alcance de las víctimas civiles y exigir una reparación completa para las víctimas y sus familias”, concluyó Kumi Naidoo.