“No hay justificación posible para los ataques, absolutamente censurables, dirigidos contra devotos que asistían a iglesias cristianas coptas en distintos lugares de Egipto en 2017. No cabe duda de que los autores de estos atroces atentados deben rendir cuentas de sus delitos. Pero dictar una condena a muerte colectiva tras un juicio militar injusto no es justicia, y no disuadirá de nuevos ataques sectarios", declaró Najia Bounaim, directora de Campañas sobre el Norte de África de Amnistía Internacional

En respuesta a la noticia de que un tribunal militar de Alejandría ha condenado hoy a muerte a 17 personas acusadas de llevar a cabo tres atentados mortales con explosivos en iglesias en 2017, así como ataques contra las fuerzas de seguridad, Najia Bounaim, directora de Campañas sobre el Norte de África de Amnistía Internacional, ha declarado:

“No hay justificación posible para los ataques, absolutamente censurables, dirigidos contra devotos que asistían a iglesias cristianas coptas en distintos lugares de Egipto en 2017. No cabe duda de que los autores de estos atroces atentados deben rendir cuentas de sus delitos. Pero dictar una condena a muerte colectiva tras un juicio militar injusto no es justicia, y no disuadirá de nuevos ataques sectarios”.

“Egipto tiene un espantoso historial de juzgar ilegalmente a civiles en sus tristemente famosos tribunales militares y de condenar a decenas de personas a muerte tras juicios flagrantemente injustos, a menudo basándose en ‘confesiones’ extraídas mediante tortura. Las personas acusadas de participación en estos atroces crímenes deben ser juzgadas de nuevo en un tribunal civil en procedimientos que cumplan el derecho internacional de los derechos humanos y las normas sobre juicios justos".

Información complementaria

Los juicios militares son intrínsecamente injustos porque todo el personal de los tribunales militares, desde los jueces a los fiscales, son miembros en activo de las fuerzas armadas que responden ante el ministro de Defensa y carecen de formación necesaria en materia de justicia procesal y en lo relativo al Estado de derecho.

La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de quién sea la persona acusada, de la naturaleza o las circunstancias del delito, de su culpabilidad o inocencia y del método de ejecución.