"Pedimos a la comunidad internacional que presione a las autoridades saudíes para que pongan fin al uso de la pena de muerte, que sigue utilizándose en contra del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, a menudo tras juicios flagrantemente injustos y de motivación política", dijo Samah Hadid, directora de campañas para Oriente Medio de Amnistía Internacional

En respuesta a la noticia de que Arabia Saudí ha pedido la pena de muerte para cinco personas que se enfrentan a juicio ante el tribunal antiterrorista del país, entre las que se encuentra Israa al Ghomgham, quien se convertiría en la primera mujer de la historia que se enfrenta a la pena de muerte simplemente por participar en protestas, Samah Hadid, directora de campañas para Oriente Medio de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Israa al Ghomgam y otras cuatro personas se enfrentan a la pena más espantosa simplemente por participar en protestas antigubernamentales. Instamos a las autoridades saudíes a retirar estos planes de inmediato”. 

“Condenar a Israa al Ghomgam a muerte transmitiría un mensaje horroroso: que otros activistas podrían correr la misma suerte por su protesta pacífica y su activismo de derechos humanos. Los cargos contra Israa al Ghomgam, relativos en su mayoría a su participación pacífica en las protestas, son absurdos y de clara motivación política, destinados a silenciar la disidencia en la provincia Oriental de Arabia Saudí.”

“Arabia Saudí es uno de los países que más ejecuciones llevan a cabo, y el mundo no puede seguir haciendo caso omiso de su terrible historial de derechos humanos. Pedimos a la comunidad internacional que presione a las autoridades saudíes para que pongan fin al uso de la pena de muerte, que sigue utilizándose en contra del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, a menudo tras juicios flagrantemente injustos y de motivación política.” 

Israa al Ghomgham y otras personas se encuentran actualmente recluidas en la prisión de Al Mabahith, en Dammam, provincia Oriental de Arabia Saudí.

Información complementaria

Israa al Ghomgham, de 29 años, fue detenida junto con su esposo, Moussa al Hashem, en diciembre de 2015 por su participación en las protestas antigubernamentales celebradas en la provincia de Qatif, en el este del país, tras la Primavera Árabe.

La fiscalía saudí pidió la decapitación de Israa al Ghomgham y otros cinco acusados.

Según los documentos judiciales obtenidos por Amnistía Internacional, Israa ha sido acusada de:

• violar el Real Decreto 44/A por “participar en protestas en Al Qatif y documentar dichas protestas en las redes sociales”;

• “prestar apoyo moral a alborotadores participando en funerales de manifestantes muertos durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad”;
• “cometer falsificación utilizando la foto de pasaporte de otra mujer en su cuenta de Facebook”;
• “violar el artículo 6 de la Ley de Delitos Informáticos” mediante, entre otras cosas, la promoción de las protestas y la publicación en Facebook de fotos y vídeos de manifestaciones.

Según la información de que dispone Amnistía Internacional, el Real Decreto 44/A de febrero de 2014, uno de los decretos de seguimiento de la ley antiterrorista, se aplicó por primera vez en un juicio de defensores y defensoras de los derechos humanos de febrero de 2018.

Amnistía Internacional ha documentado los casos de al menos otros 33 hombres chiíes condenados actualmente a muerte. En todos los casos fueron acusados de actividades consideradas un riesgo para la seguridad nacional y condenados a muerte por el Tribunal Penal Especializado, un tristemente conocido tribunal antiterrorista. Entre las personas que en la actualidad están en espera de ejecución hay cuatro nacionales de Arabia Saudí que fueron declarados culpables de delitos cometidos cuando eran adolescentes.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de la naturaleza del delito, de las características del delincuente o del sistema de ejecución utilizado por el Estado. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.