Jueves, 23 de agosto, 2018
Desde el violento intento de golpe de Estado de 2016, el gobierno turco ha desatado una terrible campaña de represión contra defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, intelectuales y otras muchas personas a quienes considera opositoras
Muchos de los abusivos decretos de excepción implantados tras el intento de golpe han adquirido carácter permanente, como los poderes extraordinarios para destituir arbitrariamente a jueces y otros funcionarios y funcionarias del Estado, restringir los desplazamientos dentro de las fronteras de Turquía, prohibir las reuniones públicas y facultar a la policía para mantener detenidas a las personas sospechosas durante periodos prolongados sin cargos.
El coste personal de quienes luchan en primera línea para defender los derechos humanos ha sido grande, pero también hay lugar para la esperanza. Este verano, activistas y simpatizantes LGBTI tomaron desafiantes las calles de Estambul para la marcha del Orgullo, a pesar de la prohibición de celebrarla en toda la ciudad. En agosto, el presidente honorífico de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, quedó en libertad bajo fianza tras pasar más de 14 meses encarcelado únicamente por ejercer su actividad profesional como abogado en favor de los derechos de las personas refugiadas.
En la situación de incertidumbre política y económica a la que se enfrenta Turquía, es más importante que nunca que haya una Sociedad civil fuerte, una prensa libre y una judicatura independiente.
No debe permitirse que el gobierno del presidente Erdogan siga destruyendo de esta forma los derechos humanos. Firma la petición para exigir que el presidente Erdogan tome estas cinco medidas para acabar con los abusos contra los derechos humanos en nombre de la “seguridad nacional” en Turquía.
- Derogar leyes abusivas que van más allá de las medidas legítimas para combatir las amenazas a la seguridad nacional.
- Poner en libertad a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas encarceladas por cargos sin fundamento.
- Garantizar que la gente puede reunirse y protestar legalmente y sin temor.
- Garantizar que los trabajadores y trabajadoras del sector público despedidos pueden recurrir de forma satisfactoria y que quienes sean declarados inocentes son readmitidos.
- Permitir la reapertura de las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación que han sido cerrados arbitrariamente, y devolverles los bienes confiscados.