Amnistía Internacional ha documentado ya en detalle cómo la virulenta respuesta de las fuerzas armadas de Myanmar a los ataques del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán tuvo lugar en el contexto del arraigado sistema de discriminación y segregación institucionalizadas que constituye apartheid

Amnistía Internacional ha reunido numerosos datos fidedignos que implican al comandante en jefe de las fuerzas armadas de Myanmar, general Min Aung Hlaing, y a otras 12 personas cuyos nombres se citan, en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la limpieza étnica a la que se sometió a la población rohingya en el norte del estado de Rajine.

En el exhaustivo informe, “We Will Destroy Everything”: Military Ressponsibility for Crimes against Humanity in Rakhine State, Myanmar, se pide que se remita la situación en Myanmar a la Corte Penal Internacional (CPI) para su investigación y enjuiciamiento (resumen ejecutivo disponible en español: “Lo destruiremos todo”. Responsabilidad de las fuerzas armadas en crímenes de lesa humanidad en el estado de Rajine, Myanmar).

“La explosión de violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad de Myanmar en pequeñas poblaciones del norte del estado de Rajine —durante la cual se cometieron asesinatos, violaciones, tortura, incendios e inanición forzada— no fue obra de soldados o unidades descontrolados. Hay un gran cúmulo de datos que apuntan que estas acciones formaron parte de un ataque sistemático y bien organizado contra la población rohingya”, ha afirmado Matthew Wells, asesor general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis.

“Quienes tienen las manos manchadas de sangre —que ascienden en la cadena de mando hasta el general Min Aung Hlaing— deben rendir cuentas por su participación en la supervisión o comisión de crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves de derechos humanos con arreglo al derecho internacional.”

Acumulación de datos

En el informe, Amnistía Internacional menciona también los nombres de nueve subordinados del comandante en jefe en el Tatmadaw —las fuerzas armadas de Myanmar— y tres en la Guardia de Fronteras por su participación en la campaña de limpieza étnica.

El informe de Amnistía Internacional es la culminación de nueve meses de investigación intensiva, tanto en Myanmar como en Bangladesh, y constituye la relación más completa realizada hasta ahora por Amnistía Internacional de cómo las fuerzas armadas de Myanmar obligaron a más de 702.000 mujeres, hombres, niñas y niños —más del 80% de la población rohingya del norte del estado de Rajine al comenzar la crisis— a huir a Bangladesh después del 25 de agosto de 2017.

El informe aporta nuevos datos sobre la estructura de mando y los despliegues de tropas de las fuerzas armadas de Myanmar, así como sobre las detenciones, desapariciones forzadas y actos de tortura infligidos por las fuerzas de seguridad a hombres y niños rohingyas en las semanas inmediatamente anteriores al comienzo de la crisis en curso.

También ofrece la información más detallada hasta la fecha sobre los abusos cometidos por el grupo armado Ejército de Salvación Rohingya de Arakán, tanto antes como después de los ataques coordinados que lanzó contra puestos de seguridad el 25 de agosto de 2017. Entre estos abusos figuran homicidios de personas de diferentes comunidades étnicas y religiosas en el norte del estado de Rajine, así como los homicidios y secuestros selectivos de rohingyas que presuntamente actuaban como informantes de las autoridades.

Amnistía Internacional ha documentado ya en detalle cómo la virulenta respuesta de las fuerzas armadas de Myanmar a los ataques del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán tuvo lugar en el contexto del arraigado sistema de discriminación y segregación institucionalizadas que constituye apartheid y se caracterizó por crímenes de derecho internacional como asesinato, violación, tortura, incendios selectivos en gran escala de poblados, uso de minas terrestres, inanición forzada, expulsiones masivas y otras violaciones graves de derechos humanos.

A partir de más de 400 entrevistas —además de innumerables documentos que corroboran los datos aportados, como imágenes de satélite, fotografías y vídeos verificados y análisis de expertos en armas y forenses— el nuevo informe revela desgarradores detalles sobre las constantes de violaciones de derechos humanos cometidas en “operaciones de limpieza” de las fuerzas armadas tras los ataques del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán. También identifica las divisiones o batallones militares concretos que intervinieron en muchas de las más graves atrocidades. Amnistía Internacional ha documentado la comisión por las fuerzas de seguridad de 9 de los 11 tipos de crímenes de lesa humanidad que se enumeran en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Despliegue de tropas de combate para “destruirlo todo”

El informe documenta cómo el alto mando de las fuerzas armadas puso a algunos de sus batallones de combate más aguerridos, tristemente célebres por la comisión de violaciones de derechos humanos en otros lugares del país, al frente de las operaciones en el norte del estado de Rajine. Esta decisión tuvo consecuencias catastróficas para la población rohingya.

En las semanas previas al 25 de agosto, el Tatmadaw desplegó batallones de las divisiones de infantería ligera números 33 y 99, dos divisiones de combate a las queAmnistía Internacional había relacionado con crímenes de guerra en Kachin y el norte del estado de Shan a finales de 2016 y mediados de 2017, en el marco de los conflictos internos en curso en esas zonas.

En algunas poblaciones rohingyas, los jefes militares destinados en la zona dejaron claras sus intenciones desde el principio. Hacia el 20 de agosto de 2017, cinco días antes que estallara la mayor parte de la violencia, un comandante de la División de Infantería Ligera número 33 se reunió en Chut Pyin, municipio de Rathedaung, con líderes rohingyas de los poblados cercanos. Según siete personas que estuvieron presentes y a las que Amnistía Internacional entrevistó por separado, el comandante amenazó diciendo que si había actividad del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán en la zona, o si los residentes hacían algo “malo”, sus soldados dispararían directamente contra los rohingyas, sin distinción.

Amnistía Internacional ha tenido acceso asimismo a una grabación de audio, que considera auténtica, de una conversación telefónica en lengua birmana entre un rohingya residente en Inn Din, municipio de Maungdaw, y un oficial de las fuerzas armadas de Myanmar destinado en la zona. En la grabación, el oficial dice: “Tenemos orden de quemar todo el poblado si hay alguna alteración. Si ustedes no viven pacíficamente, lo destruiremos todo.”

La subsiguiente oleada de violencia, en la que las fuerzas de seguridad quemaron total o parcialmente varios cientos de núcleos de población rohingyas en todo el norte del estado de Rajine, entre ellos casi todos los poblados rohingyas del municipio de Maungdaw, ha sido bien documentada por Amnistía Internacional y otras entidades. El informe aporta detalles adicionales sobre los ataques generalizados y sistemáticos contra la población rohingya, incluidas matanzas en gran escala en los tres municipios: en las poblaciones de Chut Pyin, Min Gyi y Maung Nu. Miles de mujeres, hombres, niñas y niños rohingyas fueron asesinados —atados y ejecutados sumariamente; abatidos a tiros cuando huían; o quemados dentro de sus viviendas—, aunque es posible que nunca se conozca con exactitud cuántos perdieron la vida como consecuencia de la operación militar.

Las fuerzas de seguridad también violaron a mujeres y niñas rohingyas, tanto en sus poblados como cuando huían a Bangladesh. Amnistía Internacional entrevistó a 20 mujeres y 2 niñas sobrevivientes de violación, 11 de las cuales habían sido víctimas de violación en grupo. La organización documentó violación y violencia sexual en 16 lugares distintos de los tres municipios del norte del estado de Rajine. Esta práctica generalizada, que aterrorizó a las comunidades rohingyas, contribuyó a la campaña para obligarlas a abandonar el norte del estado de Rajine. Algunas víctimas de violación también vieron como mataban a sus familiares en su presencia. Al menos en un poblado, las fuerzas de seguridad dejaron a supervivientes de violación dentro de edificios a los que después prendieron fuego.

Detenciones y actos de tortura cometidos por la Guardia de Fronteras

En el marco de las crecientes tensiones previas a los ataques del 25 de agosto y en los días posteriores, las fuerzas de seguridad de Myanmar detuvieron y recluyeron arbitrariamente a cientos de hombres y niños rohingyas de núcleos de población de todo el norte del estado de Rajine. Amnistía Internacional entrevistó a 23 hombres y 2 niños a quienes las fuerzas de seguridad detuvieron y torturaron o infligieron otros malos tratos durante este periodo.

En muchos casos, los hombres y niños rohingyas fueron brutalmente golpeados durante la detención y trasladados después a bases de la Guardia de Fronteras, donde estuvieron recluidos en régimen de incomunicación durante días o incluso semanas.

Agentes de la Guardia de Fronteras torturaron a los detenidos para obtener información o para obligarles a confesar su vinculación con el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán. Amnistía Internacional ha documentado de forma detallada actos de tortura que tuvieron lugar en dos bases concretas de la Guardia de Fronteras: una en Taung Bazar, en el municipio septentrional de Buthidaung; y otra en la población de Zay Di Pyin, municipio de Rathedaung. Varios sobrevivientes de tortura mencionaron los nombres de agentes de la Guardia de Fronteras responsables de la tortura en estas bases.

Detenidos que quedaron en libertad describieron métodos de tortura como brutales palizas, quemaduras, simulacro de ahogamiento, y violación y otros actos de violencia sexual. Varios hombres rohingyas que estuvieron recluidos en la base de la Guardia de Fronteras de Taung Bazar dijeron que les habían quemado las barbas. Hombres y dos niños rohingyas que estuvieron detenidos en la base de la Guardia de Fronteras de Zay Di Pyin afirmaron que se les privó de alimentos y agua, los golpearon casi hasta matarlos y, en muchos casos, les quemaron los genitales hasta que les salieron ampollas.

Un agricultor de una población del municipio de Rathedaung dijo a Amnistía Internacional: “Estaba de pie con las manos atadas detrás de la cabeza, luego me quitaron ellongyi [prenda parecida al sarong] y me pusieron una vela [encendida] debajo del pene. [Un agente de la Guardia de Fronteras] sostenía la vela y [su superior] le daba órdenes. [...] Decían: ‘Di la verdad o morirás’.”

Efectivamente, algunos detenidos murieron a causa de la tortura que sufrieron bajo custodia, entre ellos un hombre de 20 años que fue golpeado hasta morir con un tablón de madera tras haber pedido agua.

Para conseguir su liberación, los detenidos tenían que pagar cuantiosos sobornos y firmar un documento en el que se decía que nunca habían sufrido abusos. Diez meses más tarde, las autoridades de Myanmar siguen sin facilitar información acerca de quién continúa detenido, dónde están recluidas esas personas y por qué cargos, en su caso. Estas detenciones constituyen detención arbitraria en virtud del derecho internacional.

Responsabilidad de mando

Amnistía Internacional ha examinado documentos confidenciales sobre las fuerzas armadas de Myanmar que indican que, durante operaciones militares como las del norte del estado de Rajine, las fuerzas sobre el terreno normalmente actúan bajo el estricto control de altos mandos. Las unidades de las divisiones de combate —que cometieron la inmensa mayoría de los crímenes contra la población rohingya— están sujetas a estrictos requisitos en cuanto a presentación de informes sobre sus movimientos, intervenciones y uso de armas, información que los altos mandos conocían o deberían haber conocido.

Además, altos mandos militares, entre ellos el general Min Aung Hlaing, viajaron de hecho al norte del estado de Rajine justo antes de la campaña de limpieza étnica o mientras ésta se desarrollaba, para supervisar algunas partes de la operación.

Los altos mandos militares sabían —o deberían haber sabido— que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad, pero no hicieron uso de su autoridad de mando para prevenir, detener o castigar esos delitos, e incluso intentaron encubrir después la abrumadora mayoría de tales actos. Además, hay indicios suficientes para exigir que se investigue si algunos o todos ellos podrían haber participado directamente en la planificación, ordenación o comisión de asesinatos, violaciones, tortura e incendio de núcleos de población.

La investigación de Amnistía Internacional identifica a 13 personas que desempeñaron un papel importante en la comisión de crímenes de lesa humanidad. La organización pide que todos los responsables respondan ante la justicia. [Los nombres se darán a conocer después de la conferencia de prensa sometida a embargo del 26 de junio.]

Es hora de rendir cuentas

Ante el aumento de la presión internacional, las autoridades de Myanmar anunciaron el mes pasado el establecimiento de una “Comisión de Investigación Independiente” para examinar las denuncias de violaciones de derechos humanos. Investigaciones anteriores sobre abusos cometidos en el estado de Rajine impulsadas por el gobierno y las fuerzas armadas sólo han servido para encubrir las atrocidades de los militares.

“La comunidad internacional no debe dejarse engañar por esta última tentativa de proteger a los autores para que no rindan cuentas. Por el contrario, debe poner fin de una vez a los años de impunidad y garantizar que este oscuro capítulo de la historia reciente de Myanmar no vuelve a repetirse”, ha afirmado Matthew Wells.

“El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe abandonar el juego de la política y remitir con carácter de urgencia la situación en Myanmar a la Corte Penal Internacional, imponer un embargo integral de armas a Myanmar e imponer sanciones económicas selectivas contra los funcionarios responsables de los graves crímenes y violaciones de derechos humanos.

“En tanto se generan consenso y apoyo internacionales para la remisión a la CPI, la comunidad internacional debe usar el Consejo de Derechos Humanos para crear un mecanismo que recopile y preserve las pruebas para usarlas en futuros procedimientos penales.

“Si no se actúa ahora a la luz del abrumador volumen de pruebas, habría que preguntarse: ¿qué tiene que ocurrir para que la comunidad internacional se tome en serio la justicia?”.