El 21 de junio, el gobernador de Nuevo Hampshire vetó un proyecto de ley de abolición de la pena de muerte que habría convertido a Nuevo Hampshire en el 20º estado abolicionista de Estados Unidos. Para anular el veto se requieren dos tercios de las dos cámaras del poder legislativo

El 21 de junio, “rodeado de agentes de las fuerzas del orden y de familiares de víctimas de crímenes”, el gobernador Chris Sununu vetó el Proyecto de Ley del Senado 593, que habría abolido la pena de muerte en Nuevo Hampshire. Dos meses antes, el 26 de abril, la Cámara de Representantes de Nuevo Hampshire aprobó, por 223 votos contra 116, el Proyecto de Ley del Senado 593, aprobado por el Senado por 14 votos contra 10 el 15 de marzo.

El gobernador Sununu explicó los motivos del veto: “La abolición de la pena de muerte en Nuevo Hampshire transmitiría un mensaje erróneo: el de que nuestro estado es un lugar en el que una persona que comete un crimen impensable tiene garantizada la indulgencia. Nuevo Hampshire no es, y nunca lo será, un refugio seguro para quienes asesinarían a un agente de policía, causarían una muerte durante una agresión sexual con agravantes o la invasión de una morada, o cometerían cualquier otro delito castigado con la pena capital. Si una persona opta por cometer un acto tan incalificable en nuestro estado, esa persona debe saber que un jurado de sus pares puede elegir imponer la pena máxima. Los argumentos formulados por quienes proponen este proyecto de ley deben ceder ante nuestra obligación de apoyar a nuestra comunidad de agentes encargados de hacer cumplir la ley, impartir justicia para las víctimas de crímenes y proteger a la ciudadanía de Nuevo Hampshire manteniendo la pena de muerte como elemento disuasorio final para la comisión de crímenes horrendos”.

Para anular el veto sería necesaria una mayoría de dos tercios de los miembros de las dos cámaras, presentes y que emitan su voto. En la votación original, al Senado le faltaron dos votos de los 16 que habría necesitado. La cámara baja necesitaría unos 254 votos para anular el veto si participaran los 385 representantes actuales. El poder legislativo tiene hasta las elecciones generales de noviembre de 2018 para realizar una votación que anule el veto.

Tras el veto del proyecto de ley, en el corredor de la muerte de Nuevo Hampshire sigue habiendo una persona (Michael Addison, condenado a muerte en 2008 por el asesinato de un policía, Michael Briggs, cometido en 2006) a quien no le habría sido aplicable, dado su carácter no retroactivo.

“Muchos familiares de víctimas de asesinato en nuestro estado pagaron un precio duro, muy doloroso, por el derecho a decir al gobernador Sununu que no queremos que se mate en nuestro nombre”, declaró Renny Cushing, representante de Nuevo Hampshire cuyo padre fue asesinado en 1988. “La realidad es que la pena de muerte no hace lo único que nos gustaría que hiciera: devolvernos a nuestros seres queridos.” El representante Cushing y otros seis familiares de víctimas de asesinato entregaron en la oficina del gobernador una petición con 55.000 firmas en apoyo de la derogación.

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