“La protesta pacífica es un derecho, pero en Polonia está seriamente amenazada. El poder de la calle es un freno crucial al poder del Estado. El gobierno polaco debe proteger el derecho de todas las personas decididas a dar un paso al frente para defender sus libertades”, ha manifestado Gauri van Gulik

Pese a la creciente represión de las protestas pacíficas, la población de Polonia sigue saliendo a las calles para protestar valientemente por los abusos contra sus derechos y las amenazas al Estado de derecho. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe.

The Power of ‘the street’: Protecting the right to peaceful protest in Poland documenta la manera en que la gente está tomando las calles en un entorno en el que una legislación restrictiva, combinada con una política de mano dura y con prácticas de vigilancia, acoso y procesamiento, amenazan con estrangular el derecho de manifestación pacífica.

“La negativa a guardar silencio de quienes se manifiestan da testimonio de su resistencia. Las autoridades polacas están amenazando a manifestantes pacíficos con la detención y el procesamiento, y en algunos casos la policía ha llegado a golpear y maltratar a personas que se manifestaban. Muchos manifestantes son sometidos también a vigilancia a medida que se criminaliza cada vez más la protesta pacífica”, ha manifestado Gauri van Gulik, directora de Amnistía Internacional para Europa.

“La población polaca está adoptando una valiente postura frente a la política de demonización mientras sigue tomando las calles en desafío de unas leyes cada vez más restrictivas y unas represivas medidas políticas destinadas a silenciarla.”

Desde 2016, decenas de miles de personas se han echado a la calle en Polonia para protestar contra la legislación represiva que tiene como finalidad restringir los derechos de las mujeres y socavar la independencia del poder judicial. Las personas que se manifiestan se han enfrentado habitualmente a una demostración de fuerza y medidas restrictivas que conculcan su derecho a ser vistas y oídas. Cientos de personas se han encontrado bajo custodia policial y ante largos procedimientos judiciales.

En abril de 2017 entró en vigor una reforma a la Ley sobre Reuniones que, en la práctica, prohibía las contramanifestaciones en el centro de Varsovia, cerca de donde se celebran las concentraciones progubernamentales. Las fuerzas de seguridad han emprendido medidas drásticas y de mano dura para hacer cumplir la ley. Entre abril de 2017 y marzo de 2018, el gobernador de la provincia de Mazowian prohibió 36 reuniones en Varsovia. En 2017, el tribunal de Varsovia central recibió 632 casos de contramanifestantes acusados de violar la ley sobre reuniones. Esto contrasta enormemente con 2016, cuando no se presentó ningún cargo de ese tipo contra manifestantes.

Las autoridades a menudo dan a las manifestaciones progubernamentales y nacionalistas un trato preferente respecto a otros tipos de reuniones. La prioridad que se otorga a las reuniones progubernamentales se refleja en la actuación policial durante las manifestaciones: por lo general, el acoso y la violencia de los grupos nacionalistas o de extrema derecha se toleran cuando van dirigidos a contramanifestantes. Por el contrario, los manifestantes pacíficos que cuestionan al gobierno suelen ser sometidos a acciones policiales de mano dura y a procesamiento.

Amnistía Internacional también ha documentado casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante protestas y manifestaciones, sin que apenas haya rendición de cuentas por esos abusos policiales.

Una mujer de 60 años que participó en la “Protesta Negra” contra la prohibición casi total del aborto vio a un policía golpeando a una persona que yacía en el suelo. Antes de poder intervenir, también ella fue golpeada en la cabeza, al parecer por un policía.

Según contó a Amnistía Internacional: “Perdí la consciencia y, cuando la recuperé, yacía en un charco de agua. Había alguien sentado encima mío, y oía a gente gritar: ‘¡Déjenla!’ Luego me volví a desmayar”.

Sufrió heridas leves en el cráneo, pero el fiscal rechazó su denuncia contra la policía por presunta falta de pruebas.

A la vez que endurece las leyes que afectan al ejercicio del derecho a la libertad de reunión, el gobierno ha ampliado enormemente los poderes de vigilancia de los organismos encargado de hacer cumplir la ley. La enmienda de 2016 a la Ley de Policía amplió el ámbito de la vigilancia, sin salvaguardias adecuadas, para incluir la vigilancia fuera del contexto de una investigación penal. Existen indicios de que se ha hecho un uso indebido de los poderes de vigilancia contra personas que se dedican a organizar protestas pacíficas y participar en ellas.

Los tribunales han confirmado en gran parte los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión. Sin embargo, esto puede cambiar pronto tras las reformas introducidas en 2017 en el poder judicial, que limitan gravemente la independencia de la judicatura al someterla al control y la influencia política.

Entre quienes podrían verse afectados se encuentra un estudiante de 19 años que fue detenido después de preguntar a un policía su nombre, su rango y el motivo por el que estaba comprobando los documentos de identidad durante una protesta celebrada en Varsovia en marzo de 2018. Ahora se enfrenta a controvertidos cargos penales por presunta agresión a un policía, y teme que un poder judicial falto de independencia no le permita una vista justa. Contó a Amnistía Internacional: “No está claro cómo terminará mi caso, ya que estamos en los últimos días de la independencia judicial en Polonia”.

Desde luego, los jueces están sufriendo presiones políticas en Polonia. Los que se han negado a ceder a esas presiones tras las reformas ya han informado que están siendo objeto de acoso, incluidos procedimientos disciplinarios.

El juez Dominik Czeszkiewicz, que fue sometido a procedimientos disciplinarios después de defender en una sentencia los derechos de los manifestantes pacíficos, dijo a Amnistía Internacional: “Es muy difícil trabajar en estas condiciones. No puedo luchar contra todo el sistema. No sé cuándo, dónde y desde dónde me llegará el golpe”.

“La protesta pacífica es un derecho, pero en Polonia está seriamente amenazada. El poder de la calle es un freno crucial al poder del Estado. El gobierno polaco debe proteger el derecho de todas las personas decididas a dar un paso al frente para defender sus libertades”, ha manifestado Gauri van Gulik.

“Las autoridades polacas deben dejar de criminalizar las protestas, levantar las restricciones desproporcionadas a la libertad de reunión y expresión y asegurar la independencia del poder judicial para garantizar la protección de todos los derechos humanos.”