El 5 de junio, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas concedió una suspensión de la ejecución a Clifton Williams, cuya ejecución estaba prevista en Texas el 21 de junio. La suspensión se ha dictado para que pueda celebrarse una vista sobre las alegaciones de que Clifton Williams padece una discapacidad intelectual

Clifton Williams fue declarado culpable y condenado a muerte por el asesinato de Cecilia Schneider en julio de 2005, durante un robo en casa de ésta. En el juicio y durante la apelación, los abogados de Williams alegaron que éste sufría una discapacidad intelectual, y que su ejecución violaría la sentencia dictada en 2002 por la Corte Suprema de Estados Unidos en Atkins v. Virginia, que prohibía la pena de muerte para las personas con ese tipo de discapacidad. La sentencia Atkins deja en manos de los Estados la determinación de cómo aplicar la prohibición constitucional. En ausencia de una ley aprobada por la cámara legislativa, en 2004 la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas creó un marco para evaluar las alegaciones de discapacidad intelectual en casos de pena capital (conocido como los “factores Briseño”). Desde el principio suscitó preocupación el hecho de que este marco no era científico y no protegía suficientemente a las personas a las que la sentencia Atkins pretendía eximir de la ejecución. No fue hasta la sentencia Moore v. Texas, en 2017, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos concluyó que los factores Briseño eran “una invención de la Corte de Apelaciones en lo Penal no ligada a ninguna fuente reconocida” y que contravenían su resolución, emitida en Hall v. Florida en 2014, según la cual las decisiones sobre la discapacidad intelectual deben estar “basadas en las opiniones de expertos médicos”.

Para entonces, los tribunales de Texas ya habían determinado que Clifton Williams no sufría una discapacidad intelectual y las cortes federales habían confirmado la sentencia en virtud de la norma de deferencia respecto a la revisión federal de las decisiones de los tribunales estatales. Con la fecha de ejecución ya fijada para el 21 de junio de 2018, los abogados de Clifton Williams intentaron presentar un nuevo recurso en los tribunales a la luz de la decisión de Moore v. Texas para reabrir su alegación sobre la discapacidad intelectual de su cliente. El 5 de junio, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas dictó la suspensión de la ejecución: “A la luz de la decisión de Moore y de los hechos que presenta el recurso del apelante, consideramos que el apelante cumple los requisitos establecidos [en la legislación de Texas]. Remitimos su recurso al tribunal que dictó la sentencia condenatoria para que éste celebre una nueva vista presencial con el fin de desarrollar las pruebas y presente una nueva recomendación a esta Corte en relación con la cuestión de la discapacidad intelectual”.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente. En la actualidad, 142 países son abolicionistas en la ley o en la práctica. En Estados Unidos se han llevado a cabo 1.476 ejecuciones desde 1976, fecha en que la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó los nuevos estatutos de pena capital. Texas ha sido responsable de 551 de estas ejecuciones: el 37% del total nacional. En lo que va de año se han llevado a cabo 11 ejecuciones en Estados Unidos, 6 de ellas en Texas.

Índice: AMR 51/8538/2018