“El nuevo proyecto de ley que penalizaría a las ONG que apoyen la migración es un ataque muy preocupante e injustificado a la sociedad civil”, ha declarado Amnistía Internacional

El incumplimiento de los requisitos estará penado con multas, la suspensión e incluso la disolución de las ONG que trabajen sobre la migración. El paquete legislativo presentado anoche ante el Parlamento exige una autorización de seguridad nacional y un permiso del gobierno para las ONG que “apoyan la migración”.

“Esta ley daría al gobierno carta blanca para atacar a ONG con el pretexto más débil. En realidad, estas propuestas no tienen nada que ver con la protección de la seguridad nacional o de las fronteras, sino que su objetivo es amordazar a quienes trabajan para ayudar a personas en situación de necesidad y se atreven a alzar la voz”.

En virtud de esta legislación, el gobierno húngaro “identificaría” a las ONG que considere que “apoyan la migración”. La ley exigiría a las ONG que obtengan la autorización del ministro del Interior para llevar a cabo sus funciones básicas. Esta labor incluye hacer actividades de campaña, “influir en los tribunales”, preparar material informativo, organizar redes y reclutar a personas voluntarias con el objetivo de patrocinar, organizar o apoyar por otros medios la entrada y estancia de personas que buscan protección internacional. El ministro del Interior acudiría a los servicios de seguridad nacional para obtener una autorización de seguridad, trámite que podría durar hasta nueve meses.

La proposición de ley exigiría a las organizaciones el pago de un impuesto del 25% sobre todas las cantidades que reciban de otro país destinadas a “apoyar la migración”. De no hacerlo, serían objeto de medidas tan graves que podrían desembocar en la imposición de exorbitantes multas, en la quiebra y en la disolución de la ONG.

Las propuestas son contrarias a la obligación contraída por Hungría en virtud del derecho internacional de proteger el derecho a la libertad de asociación, de expresión y de circulación.

“Pedimos a Hungría que retire este proyecto de ley; ya es hora de que los líderes y las lideresas de la UE, que han mirado desde bastidores cómo cruzaba Hungría la línea roja, tomen de una vez medidas concretas para detener este ataque contra la sociedad civil”, dijo Gauri van Gulik.

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