En 2011, un tribunal federal de primera instancia señaló las “largas y básicamente ininteligibles misivas [de John Battaglia] al tribunal, junto con su historial de trastorno bipolar” como motivo para temer que Battaglia “pueda no ser mentalmente apto para renunciar a sabiendas y de manera inteligente a su derecho a un abogado”, como John Battaglia intentaba hacer por aquel entonces. Un ejemplo de esas “misivas”, fechado el 19 de octubre de 2009, incluye el siguiente texto: “Estos hechos y conclusiones de ley fueron fechados el 6 de agosto de 2008 y se me han ocultado, al igual que el nombre del juez que los escribió y al igual que todas las actas y pruebas presentadas en mi juicio original de 2002 por mis abogados tanto del juicio como de la apelación. Este se debió en parte a que yo me había casado en un Klan o Secta de racistas locales de Dallas que practicaban un extraño tipo de eugenesia que implicaba la concepción consanguínea secreta y fraudulenta de niños por parte de miembros de las mismas familias inmediatas bajo la artimaña de un matrimonio doméstico normal”.

La psicóloga presentada por la defensa en el caso Ford/Panetti sometió a John Battaglia a unas 15 horas de entrevistas y múltiples pruebas, y realizó un detallado informe de sus conclusiones de que el trastorno delirante de Battaglia lo hacía no apto para ser ejecutado. En su decisión del 18 de noviembre de 2016, el juez Robert Burns, del tribunal de primera instancia en lo penal del condado de Dallas, “descart[ó] por completo la opinión [de la psicóloga]”por la “falta de experiencia de ésta en el trabajo con población reclusa”, y añadió que “las alegaciones de procesamiento indebido y conspiración por parte de jueces, testigos, fiscales y abogados defensores son práctica habitual”. El juez adoptó una postura similar respecto al experto de la acusación, de quien dijo que tenía “sólo una experiencia limitada” en el entorno penitenciario. Respecto al experto designado por el tribunal que concluyó que John Battaglia no era apto para ser ejecutado, el juez apenas dijo nada. Por el contrario, concluyó que el otro psicólogo designado por el tribunal, que tenía experiencia de trabajo en prisiones federales, estaba “altamente cualificado para determinar la aptitud en este contexto” y era “totalmente creíble”. Ese psicólogo no realizó ninguna prueba al preso, sino que basó su evaluación inicial en una entrevista de menos de cinco horas mantenida con él. Tras recibir los informes de los otros tres psiquiatras, realizó otra entrevista al preso, pero siguió sin someterlo a ninguna prueba. Su segundo informe afirmó que John Battaglia es “una persona sumamente inteligente que ha tenido el tiempo y la motivación para empezar a crear un argumento complejo y paranoide que podría haber practicado a lo largo de los años”. El psicólogo hizo un diagnóstico provisional de fingimiento de enfermedad y concluyó que “probablemente no sufre un trastorno delirante”.

El juez Burns escribió que, dada su ejecución inminente, “Battaglia tiene un motivo para mentir y/o exagerar sus síntomas de enfermedad mental.” El juez concluyó que no creía “que Battaglia sufra una enfermedad mental grave”, y que consideraba que “es intelectualmente capaz y con un pensamiento lo suficientemente elaborado, y tiene toda la motivación para invalidar las pruebas sobre salud mental y crear estos delirios relacionados específicamente con su comprensión racional de su conexión con el delito como medio de impedir su ejecución. El Tribunal cree que Battaglia está fingiendo o exagerando sus síntomas de enfermedad mental”.

No es la primera vez que las autoridades estatales afirman que un preso condenado finge o exagera su discapacidad mental para evitar la ejecución, especialmente en Texas, e incluyendo a personas que fueron llevadas a su ejecución cuando presentaban síntomas de trastornos delirantes graves. Asimismo, también es aplicable el argumento esgrimido por la Corte Suprema en su sentencia de la causa Panetti, en 2007, que “un concepto como la comprensión racional es difícil de definir”. En su sentencia de 1986 en la causa Ford, cuatro de los jueces de la Corte Suprema habían señalado también que las pruebas de si un preso no es apto para la ejecución “siempre serán imprecisas”. Un quinto juez había añadido que “al contrario que las cuestiones de tipo factual, la cuestión de la cordura de un apelante requiere un criterio básicamente subjetivo.” Para muchas personas, uno de los motivos de poner fin a las ejecuciones y abolir la pena de muerte es precisamente la imposibilidad de eliminar la subjetividad y el error humano en la aplicación de una pena irrevocable.

Texas es responsable de 546 de las 1.446 ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos desde que la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó nuevas leyes para la aplicación de la pena capital en 1976. El derecho y las normas internacionales sobre el uso de la pena capital sostienen que ésta no puede imponerse o aplicarse a personas con discapacidad mental o intelectual. Esta prohibición se aplica con independencia de que la discapacidad fuera relevante en el momento en el que presuntamente se cometió el delito o se desarrollase después de dictarse la sentencia. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente.