Amnistía Internacional ha colaborado con la Fundación Abdorrahman Boroumand para registrar las cifras relativas a las ejecuciones en Irán. A fecha de 26 de julio de 2017, ambas organizaciones han registrado 319 ejecuciones, entre ellas 183 por delitos de drogas. En 2016 fueron ejecutadas al menos 567 personas, 328 de ellas por delitos de drogas.

Los legisladores iraníes no deben perder la oportunidad histórica de rechazar el uso de la pena de muerte por delitos de drogas y salvar la vida de miles de personas en todo el país, han manifestado Amnistía Internacional y la Fundación Abdorrahman Boroumand hoy.

Se espera que, en las próximas semanas, el Parlamento iraní someta a votación un proyecto de ley que reforma la legislación del país contra los estupefacientes, pero no abole la pena de muerte por delitos no letales relacionados con drogas, como exige el derecho internacional.

“En vez de abolir la pena de muerte por delitos de drogas, las autoridades iraníes se disponen a aprobar una ley totalmente discriminatoria, que continuará alimentando la maquinaría de las ejecuciones en Irán y manteniendo al país entre los principales verdugos del mundo”, ha señalado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Las dos organizaciones piden al Parlamento de Irán que modifique con urgencia la propuesta de legislación para ajustarla a las obligaciones contraídas por el país en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, que prohíbe totalmente el uso de la pena de muerte por delitos sin consecuencias mortales.

En los dos últimos años, mientras se estaba debatiendo esta legislación, gran número de altos funcionarios iraníes han admitido públicamente que, tras decenios de políticas punitivas sobre las drogas y de uso incontrolado de la pena de muerte, no se han resuelto los problemas de tráfico y consumo de drogas del país. También han reconocido que los delitos de drogas suelen estar relacionados con otros problemas sociales, como la pobreza, la drogadicción y el desempleo, ninguno de los cuales se soluciona con ejecuciones.

“Todavía hay tiempo para modificar el proyecto de ley. Los legisladores iraníes deben escuchar las voces de la razón y abolir definitivamente el uso de la pena de muerte por delitos de drogas. No hacerlo supondrá no sólo ir en contra de los planes declarados de Irán de cambiar de rumbo, sino también perder una gran oportunidad de salvar vidas y mejorar el historial del país en materia de derechos humanos”, ha afirmado Roya Boroumand, directora ejecutiva de la Fundación Abdorrahman Boroumand.

El coste en vidas humanas del enfoque despiadado que aplica Irán al control de las drogas ha sido enorme. La gran mayoría de los centenares de ejecuciones que se llevan a cabo todos los años en Irán son por sentencias condenatorias relacionadas con drogas. La mayoría de las personas ejecutadas proceden de los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad, como la población afgana y las minorías étnicas y religiosas. Un alto funcionario ha manifestado que desde 1988 Irán ha ejecutado nada menos a que 10.000 personas por delitos de drogas.

Según parlamentarios, se calcula que en la actualidad hay 5.000 personas condenadas a muerte por delitos de este tipo en el país. Alrededor del 90% de ellas no habían cometido antes ningún delito y tienen entre 20 y 30 años.

En una versión anterior del proyecto de ley, aprobada por la Comisión de Asuntos Judiciales y Jurídicos del Parlamento el 23 de abril del 2017, se reducía enormemente el ámbito de aplicación de la pena de muerte por delitos de drogas. Entre abril y junio, los miembros de la Comisión intentaron reiteradamente que se fijara una fecha para someter a votación el proyecto de ley, pero, según dijeron, no lo lograron debido a la oposición de los órganos de seguridad que supervisan los programas de Irán contra los estupefacientes. 

Al final, en julio, se introdujeron múltiples enmiendas regresivas al proyecto de ley. Algunos miembros del Parlamento manifestaron en entrevistas con medios de comunicación que habían hecho estas enmiendas debido a la enorme presión de las autoridades judiciales y encargadas de hacer cumplir la ley iraníes, así como de la Jefatura del Control de Drogas del país.

La última versión del proyecto de ley, al igual que la actual legislación de Irán contra los estupefacientes, mantiene la pena de muerte por una amplia variedad de delitos de tráfico de drogas basándose a la cantidad y el tipo de drogas confiscadas. No obstante, propone aumentar la cantidad de drogas necesaria para para imponer la pena de muerte.

De acuerdo con la legislación actual de Irán, se impone la pena de muerte por tráfico de más de 30 gramos de heroína, morfina, cocaína o derivados químicos de estas substancias o más de 5 kilos de bhang, cannabis u opio. La propuesta de legislación aumenta esta cantidad a 2 kilos de heroína, morfina, cocaína o derivados químicos de estas substancias y a más de 50 kilos de bhang, cannabis u opio.

“Aunque, si se aplica adecuadamente, esta ley podría contribuir a reducir el número de ejecuciones, seguirá condenando todos los años a morir en la horca a decenas de personas por delitos por los que jamás debe imponerse la pena de muerte según el derecho internacional”, ha explicado Magdalena Mughrabi.

La pena de muerte es un castigo cruel, inhumano y degradante, y su uso es abominable en todas las circunstancias.” Elegir entre la vida y la muerte no debe quedar reducido a un frío cálculo matemático basado en la cantidad de drogas confiscadas a una persona”, ha manifestado Roya Boroumand.

Amnistía Internacional y la Fundación Abdorrahman Boroumand piden a la comunidad internacional, en particular a la UE, que inste a Irán a modificar el proyecto de ley para abolir la pena de muerte para todo los delitos de drogas. Las

autoridades iraníes deben promover un sistema de justicia penal centrado en la rehabilitación y en el que las personas presas reciban un trato humano.

Información complementaria:

Amnistía Internacional ha colaborado con la Fundación Abdorrahman Boroumand para registrar las cifras relativas a las ejecuciones en Irán. A fecha de 26 de julio de 2017, ambas organizaciones han registrado 319 ejecuciones, entre ellas 183 por delitos de drogas. En 2016 fueron ejecutadas al menos 567 personas, 328 de ellas por delitos de drogas.

Los esfuerzos por reformar la legislación de Irán contra los estupefacientes comenzaron en 2015, cuando 70 miembros del Parlamento presentaron un proyecto de ley para abolir la pena de muerte para todo los delitos de drogas, excepto los relacionados con tráfico armado. Este proyecto de ley  no siguió adelante porque fue declarado inconstitucional. En 2016 se reanudaron los esfuerzos por modificar la legislación. En esta ocasión culminaron con la elaboración de un proyecto de ley que se terminó de redactar en abril de 2017 y en el que se proponía sustituir la pena de muerte por hasta 30 años de prisión para todos los delitos de drogas, excepto aquellos en los que hubiera habido uso de armas o captación de menores de 18 años o fueran obra del jefe de una red criminal organizada o de alguien condenado anteriormente a muerte o a más de 15 años de prisión.

Aunque esta versión del proyecto de no se ajustaba tampoco a las obligaciones contraídas por Irán en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, permitía en gran medida abrigar la esperanza de que el número de personas condenadas a muerte y ejecutadas todos los años por delitos de drogas se redujera considerablemente.

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