Las decisiones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas son de obligatorio cumplimiento e instan a los Estados demandados a generar tanto medidas de reparación para las víctimas, como medidas de no repetición para prevenir que cualquier otra niña tenga que vivir lo mismo

• Respondiendo a las demandas del Movimiento Son Niñas, No Madres*, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a los Estados de Ecuador y Nicaragua por la violación a los derechos humanos de tres niñas sobrevivientes de violencia sexual, a las que se les negó el acceso a la interrupción del embarazo.
• La decisión marca un hito en la garantía de los derechos reproductivos a nivel global, pues obliga a los Estados a que modifiquen su legislación para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo y que las niñas no enfrenten embarazos y maternidades forzadas.
• El Movimiento Son Niñas, No Madres celebra esta decisión sin precedentes para prevenir que cualquier otra niña sea forzada a ser madre y para ofrecer reparaciones específicas a las tres sobrevivientes.

Este 20 de enero de 2025, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió tres decisiones históricas que condenan a los Estados de Ecuador y Nicaragua por las violaciones a los derechos humanos de Norma, Lucía y Susana, tres niñas latinoamericanas sobrevivientes de violencia sexual que fueron forzadas a la maternidad; y reconocen que las niñas deben ser eso: Niñas, no madres.

Estas decisiones son el resultado de una estrategia de litigio internacional iniciada desde 2019 por el Movimiento Son Niñas, No Madres*. Esta coalición, conformada por más de una decena de organizaciones, trabaja para informar sobre las graves consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas en la vida de las niñas latinoamericanas, así como sumar esfuerzos para exigir la protección de sus derechos.

Las decisiones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas son de obligatorio cumplimiento e instan a los Estados demandados a generar tanto medidas de reparación para las víctimas, como medidas de no repetición para prevenir que cualquier otra niña tenga que vivir lo mismo. Además, abren un camino para hacer extensiva la justicia que obtienen hoy Norma, Susana y Lucía a miles de niñas en todo el mundo, pues la jurisprudencia internacional de estas decisiones aplica a los más de 170 Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU reconoció que Ecuador y Nicaragua les vulneraron a las sobrevivientes sus derechos a la vida y vida digna, a interponer recursos efectivos ante la justicia, a no sufrir tortura ni tratos crueles e inhumanos, a la vida privada, a la información, y a la igualdad y no discriminación.

Como resultado de estas decisiones, el Comité reafirmó que los Estados están obligados a garantizar el aborto y eliminar los obstáculos existentes para que niñas, mujeres y todas las personas puedan acceder a este servicio de salud, especialmente en casos que generan intensos sufrimientos, como los embarazos generados a raiz de la violencia sexual, o cuando implican riesgos para la vida y la salud. Asimismo, el Comité instó a los Estados a eliminar los obstáculos existentes al acceso efectivo de las mujeres y las niñas a la justicia y recordó que, cuando se trata de niñas, la impunidad constituye un agravante.

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Las decisiones son históricas porque, por primera vez, el Comité reconoce que la maternidad forzada interrumpe y obstaculiza los objetivos personales, familiares, educativos y profesionales; restringe gravemente el proyecto de vida de las niñas y afecta su derecho a una vida digna. Además, señaló expresamente que negar el acceso a servicios de salud reproductiva refuerza los estereotipos de género basados en la función reproductiva de la mujer y constituye una forma de discriminación interseccional basada en el género y la edad.

¿Qué dicen las condenas y cómo responden a una problemática de la región?

Estas historias reflejan la desprotección y violencia a la que las niñas de la región se han visto sometidas y son el rostro de una epidemia que crece. América Latina y el Caribe tiene la segunda tasa más alta de partos de niñas menores de 15 años en el mundo, pues según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), cinco de cada 100 niñas de la región se convirtieron en madres en 2021.

Alrededor del 20 % de estos embarazos son producto de violencia sexual, y en muchos de los casos se trata de violaciones repetidas. Se estima que el 80 % de las violaciones en América Latina y el Caribe tienen como víctima a una niña de entre 10 y 14 años (CIDH, 2019).

Este panorama es aún más crítico si se tiene en cuenta que la mortalidad materna es una de las principales causas de muerte en niñas y adolescentes en la región de las Américas (OPS, 2017).

Norma, Susana y Lucía han contado sus historias para que otras niñas y sobrevivientes como ellas puedan decidir sobre su proyecto de vida y estén libres de embarazos y maternidades forzadas. Con base en sus casos, y atendiendo a una problemática estructural de América Latina, el Comité estableció medidas históricas para ser aplicadas a nivel global. Estas son las más destacadas:

• Modificar la legislación para asegurar y garantizar la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura, legal y efectiva, especialmente en casos que impliquen intensos sufrimientos, como los embarazos que son producto de violación sexual, o cuando implique un riesgo para la vida o la salud de la persona embarazada. Esto para asegurar que se brinden servicios de salud integrales, incluido el aborto, y que se eliminen las barreras de acceso.
• Emprender acciones para combatir la violencia sexual en todos los sectores, incluyendo acciones educativas y de sensibilización para prevenir, atender y judicializar estos casos, además de ofrecer una reparación integral para las sobrevivientes.
• Capacitar a profesionales de salud y operadores de justicia sobre atención integral en casos de violencia sexual y velar por una actuación efectiva cuando exista peligrosidad debido a antecedentes por agresiones similares.
• Aplicar medidas de reparación individual, como la indemnización a las sobrevivientes, apoyo para retomar sus estudios, contar con acompañamiento psicológico y otras medidas que les permitan retomar sus proyectos de vida y lograr sus metas educativas, profesionales y familiares, interrumpidos previamente por las maternidades forzadas

“Hemos decidido llamar a estas históricas condenas ‘Las Decisiones Niñas No Madres’ porque no solo queremos que la gente las conozca, sino que se reconozca que son producto de la valentía de Norma, Susana y Lucía. Buscamos, sobre todo, que se garantice lo que exigen: que las niñas nunca sean obligadas a abandonar su niñez por enfrentar embarazos y maternidades forzadas, y que se les respete el
derecho a vivir una vida digna y libre de violencias”, afirmaron las organizaciones parte del movimiento: Surkuna (Ecuador), Mujeres Transformando el Mundo (Guatemala) y Promsex (Perú).

“Estas condenas son un triunfo mundial de la lucha feminista por la autonomía reproductiva, en este caso, en nombre de las niñas sobrevivientes de violencia sexual. Cuando son forzadas a ser madres, no solo hay una revictimización de las niñas, sino que se pone en riesgo su salud y sus proyectos de vida. El aborto es un servicio esencial de salud y debe ser garantizado como tal”, declaró Catalina Martínez Coral, vicepresidenta regional del Centro de Derechos Reproductivos, una de las organizaciones colitigantes del movimiento.

“El sistema de derecho internacional ha puesto en el centro de estas condenas las necesidades de las niñas, especialmente aquellas que enfrentan mayores barreras o que se han visto sin opciones por normas restrictivas que las dejan sin opciones frente a una maternidad forzada. Hoy más que nunca seguiremos ofreciendo herramientas para que todas las personas puedan demandar a los Estados condenados que rindan cuentas sobre los avances en la implementación”, agregó Marianny Sánchez, Directora de Comunicaciones para América Latina de Planned Parenthood Global, una de las organizaciones fundadoras del movimiento.

El movimiento Son Niñas, No Madres, hace un llamado al gobierno de Ecuador, y a los de todos los demás países, a garantizar los derechos de todas las personas, con especial énfasis en la niñez. Es urgente que Ecuador formule una hoja de ruta, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, para que inicie la implementación de estas medidas y entren en vigor de forma inmediata.

Frente al contexto nicaragüense, el movimiento Son Niñas No Madres hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que le exija a Nicaragua el cumplimiento de las condenas y refuerce los mecanismos de monitoreo, demandando al Estado la presentación de datos verificables y transparentes sobre la situación de las niñas, y la modificación de los marcos legales para garantizar los derechos y servicios de salud reproductiva, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo.

Las organizaciones que integran el movimiento Son Niñas No Madres reiteran su respaldo a las niñas, mujeres y organizaciones que no pueden alzar su voz por temor a las retaliaciones en Nicaragua. Sabemos que son muchas las que comparten esta causa y que, a pesar de que está en riesgo su vida e integridad, siguen trabajando para que las niñas sean eso: niñas y no madres.

A estas decisiones se suma la condena que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas emitió contra Perú el 13 de junio de 2023, también resultado de la estrategia de litigio internacional llevada a cabo por el Movimiento Son Niñas, No Madres, frente al caso de Camila, quien a los 13 años, después de sufrir violaciones reiteradas por parte de su padre, fue forzada a continuar su embarazo y posteriormente criminalizada después de sufrir un aborto involuntario.

*Sobre el Movimiento ‘Son Niñas, No Madres’: Son Niñas, No Madres, es un movimiento regional a favor de los derechos de las niñas latinoamericanas que ha liderado el innovador litigio estratégico de los casos de Norma, Fátima, Susana y Lucía ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Las organizaciones colitigantes son el Centro de Derechos Reproductivos (Global), Planned Parenthood Global (Global), Mujeres Transformando el Mundo (Guatemala), El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Guatemala), Surkuna (Ecuador) y Promsex (Perú), que realizaron una estrategia de litigio en conjunto, de alcance internacional, para evitar que estos casos vuelvan a repetirse y generar las reparaciones correspondientes. Busca informar sobre las graves consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas en las niñas. El movimiento fue fundado por Planned Parenthood Global, Amnistía Internacional, el Grupo de Información para la Reproducción Elegida (GIRE) y el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI) con el objetivo de informar sobre las graves consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas en las niñas. Son niñas, no madres, hoy está conformado por más de una decena de organizaciones de toda la región de las Américas para asegurar que todas las niñas puedan crecer sanas, fuertes y seguras, y puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su salud y su futuro

Conoce más de los casos con el pódcast ‘Son Niñas, No Madres’:
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