Amnistía Internacional considera imprescindible que el Senado enmiende este error y que el Gobierno cumpla su compromiso e introduzca las modificaciones necesarias para corregir las fallas del proyecto en la cámara alta

La aprobación del proyecto de ley de legítima defensa privilegiada, conocida como ley Nain Retamal, el cual aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, y establece la legítima defensa privilegiada en actuaciones vinculadas al uso de la fuerza, tendría graves consecuencias para los derechos humanos, advirtió Amnistía Internacional hoy.

“Avanzar en el refuerzo de las policías y la prevención del delito en el país, es necesario; pero un problema tan complejo requiere ser abordado con seriedad, responsabilidad y en base a estándares internacionales de derechos humanos. La tramitación exprés del llamado ‘proyecto Nain Retamal’, lejos de atender los problemas estructurales que aquejan a Carabineros y que afloraron de manera dramática en la crisis de 2019, es una respuesta oportunista, que implicaría un enorme retroceso en materia de derechos humanos”, dijo Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

Amnistía Internacional considera imprescindible que el Senado enmiende este error y que el Gobierno cumpla su compromiso e introduzca las modificaciones necesarias para corregir las fallas del proyecto en la cámara alta. Establecer una suerte de presunción legal a favor de las policías, incluso pudiendo haber violaciones de derechos humanos, es realmente peligroso.

En su forma actual, el proyecto Nain Retamal valida un uso desproporcionado de la fuerza, transgrediendo los principios de necesidad y proporcionalidad y la jurisprudencia internacional en el tema tanto de los Órganos de Tratado de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de derechos humanos. Además, la nueva causal de legítima defensa puede limitar el ejercicio de las garantías judiciales para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, debido a que la redacción de la normativa es muy ambigua y privilegia la interpretación subjetiva del funcionario involucrado en los hechos, a la hora de establecer si se legitima o no la defensa propia.

“Las autoridades chilenas han olvidado que una forma eficaz de proteger tanto a la ciudadanía como a los policías es implementando una reforma integral a Carabineros. Ignorar las necesidades reales de transformación que requiere la institución supone perder una oportunidad histórica que se forjó con el sufrimiento de miles de víctimas durante el estallido social”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La extrema rapidez que ha caracterizado el trámite legislativo de esta normativa surge tras los homicidios de dos funcionarios de carabineros, delitos graves que Amnistía Internacional condena y que tienen que ser debidamente investigados y sancionados. Sin embargo, ningún intento de avanzar en seguridad pública debe vulnerar los derechos humanos; y ambas perspectivas deben integrarse en la discusión.

Las autoridades chilenas han olvidado que una forma eficaz de proteger tanto a la ciudadanía como a los policías es implementando una reforma integral a Carabineros.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Por otra parte, justificar la aprobación de este proyecto manifestando que aumentará la seguridad es no sólo erróneo, sino que, por el contrario, incrementará el riesgo de abusos policiales y violaciones de derechos humanos y de que éstos queden impunes. Si bien es necesario contar con mecanismos de protección para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, estos deben estar basados en la protección de los derechos humanos, estableciendo límites claros y dotando al personal de herramientas adecuadas para realizar su trabajo.

Tras las graves y generalizadas violaciones de derechos humanos que se cometieron en el marco del estallido social por parte de Carabineros, se logró un consenso sobre la urgencia de una reforma integral a la policía, con la que el gobierno había dicho estar de acuerdo. Sin embargo, a más de tres años de las protestas masivas, los avances en la materia son mínimos. Una reforma policial debe contemplar, entre otros aspectos, preparación, recursos y herramientas adecuadas para ejercer la fuerza, cuando sea necesario de forma proporcional y progresiva, y asumiendo la responsabilidad de mando por los resultados de las intervenciones. Por otra parte, debe considerar un mayor control civil y una actualización de protocolos que tengan como eje central el respeto de los derechos humanos.

“Bajo la inminente ley Nain Retamal las violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional, tan terribles como los cometidos durante el estallido social, podrían volver a ocurrir con mayor frecuencia y con menos posibilidad de ser sancionados adecuadamente, pues la causal ‘privilegiada’ además invierte la carga de la prueba haciendo que sea la víctima quien debe probar que no aplica esta eximente. Instamos a las autoridades a recapacitar y poner los esfuerzos en asegurar que la Ley Nain Retamal no sea una fuente de impunidad y abusos, y que se comprometan con una reforma integral a la institución de Carabineros, tal y como el Ejecutivo lo prometió en su programa de gobierno”, concluyó Rodrigo Bustos.