Hoy, 22 de marzo, Día Mundial del Agua es propicio recordar que este es un elemento esencial para el desarrollo sostenible, y que los recursos hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental

Es cierto, que quedan incontables obstáculos por superar en muchos países del mundo en cuanto a lo que se refiere a la garantía del derecho del agua, pero también es cierto que la población debe estar consciente en que las soluciones más viables están orientadas a implementar infraestructuras ecológicas y armonizarlas con las tradicionales para propiciar el bienestar y el crecimiento.

Hoy, 22 de marzo, Día Mundial del Agua es propicio recordar que este es un elemento esencial para el desarrollo sostenible, y que los recursos hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental, por ello, los Estados deben trabajar desde la perspectiva del respeto de este derecho, ya que el agua es necesaria para garantizar el derecho a la vida y además porque tiene un impacto positivo en miles de millones de personas al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, a la salud humana y al medio ambiente.

Es así como, todos los Estados deben reconocer el derecho al agua y el derecho al saneamiento. Amnistía Internacional ha exhortado en sus investigaciones al respeto de este derecho y ha puesto en evidencia testimonios y hechos que demuestran cómo las personas que viven en zonas marginales, asentamientos precarios o en muchos lugares del mundo tienen acceso restringido o nulo al agua apta para el consumo personal y doméstico y a instalaciones básicas de saneamiento dejando como consecuencia efectos perjudiciales para el disfrute de otros derechos humanos en diversos aspectos de la vida humana.

La organización internacional en su informe anual 2017/2018 detalló por países los retos y desafíos que deben cumplir los gobernantes para garantizar este derecho indispensable para la vida debido a que las personas privadas de agua no contaminada y saneamiento adecuado merecen que los Estados se atengan a su obligación de garantizar el suministro y servicios de saneamiento suficientes, seguros, asequibles, accesibles y aceptables para toda la población.  

Derecho al agua en el mundo

En Venezuela existen incontables problemas en cuanto al derecho al agua: la contaminación del agua potable y la falta de gestión por parte del Estado. Es común en todas las regiones del país escuchar de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil los reportes del color turbio, olor putrefacto y la falta del líquido vital en reiteradas oportunidades.

Perú adoptó una serie de normas que rebajaban los requisitos ambientales y facilitaban los procedimientos de acceso a la tierra con el objetivo de promover proyectos extractivos o de infraestructura seguía colisionando con el marco de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de la comunidad de Cuninico, en la región de Loreto, y de las comunidades de Espinar, en la región del Cusco, seguían padeciendo una crisis de salud porque sus únicas fuentes de agua habían sido contaminadas con metales tóxicos, y el gobierno no realizaba las acciones necesarias para brindarles atención médica especializada y acceso a agua limpia y apta para el consumo.

En Estados Unidos la autorización para culminar la construcción del oleoducto Dakota Access, amenazaba la fuente de agua de los sioux de Standing Rock y otros pueblos indígenas, además de violar el derecho de esos pueblos al consentimiento libre, previo e informado.

En contra de los deseos de una serie de comunidades indígenas y de otro tipo en Canadá, las autoridades de la Columbia Británica aprobaron el plan de MPMC para verter al lago Quesnel aguas residuales procedentes de actividades mineras que no cumplían las directrices provinciales sobre agua potable.

El huracán destruyó infraestructuras y edificios y dejó a mucha gente de Puerto Rico sin vivienda y sin acceso a agua potable, alimentos y servicios esenciales, incluidas la atención médica y la educación.

En Israel se cumplieron 50 años de la ocupación de los Territorios Palestinos y 10 de su bloqueo ilegal de la Franja de Gaza. Las autoridades israelíes intensificaron la expansión de los asentamientos y debido al bloqueo, combinado con el cierre casi total del paso fronterizo de Rafá impuesto por Egipto y con las medidas punitivas adoptadas por las autoridades de Cisjordania, desencadenó una crisis humanitaria, con cortes de electricidad que redujeron el suministro a unas horas diarias, lo que afectó al agua potable y al saneamiento y redujo el acceso a los servicios de salud. El informe reseñó también que la sociedad civil denunció ante el poder judicial libanés varios casos de violación de los derechos a la salud y al agua potable.

En septiembre del año pasado, 20 ONG que trabajaban por los derechos de la infancia protestaron contra la eliminación del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, una medida que amenazaba con poner en peligro los servicios sociales en Albania. El Ministerio de Desarrollo Urbanístico reconstruyó 300 viviendas de personas romaníes y egipcianas y mejoró el saneamiento. Sin embargo, la mayoría de las personas carecían de agua potable.

Indonesia también fue reseñada en el informe anual de la organización para alertar al Estado que se está descuidando este derecho ya que el 10 de octubre, el Tribunal Supremo ordenó al gobierno poner fin a un plan de privatización del agua en Yakarta. El Tribunal falló a favor de la Coalición de Residentes de Yakarta Contra la Privatización del Agua, que había presentado un recurso de apelación en el que alegaba que el proveedor privado “no había protegido el derecho al agua” de las personas. El Tribunal ordenó al gobierno la revocación inmediata de los contratos con dos servicios de suministro de agua privados.

En Irán el ininterrumpido abandono económico de las regiones pobladas por minorías consolidaba aún más su pobreza y marginación. En la provincia de Sistán y Baluchistán, los habitantes de muchos pueblos denunciaban falta de acceso a agua, electricidad, escuelas y centros de salud.

La población yemení  sufrió la mayor epidemia de cólera de la era moderna, agravada por la falta de combustible para las estaciones de bombeo de agua, y estaba al borde de la peor hambruna sufrida en el mundo en decenios.

Líbano fue reseñado en el informe ya que la sociedad civil denunció ante el poder judicial varios casos de violaciones del derecho a la salud y al agua potable, algunos de ellos relativos a la venta de medicamentos caducados en hospitales públicos y a la mala gestión de los residuos. Sus esfuerzos fueron infructuosos debido a la tardanza de los tribunales en dictar sentencia o a que ésta no se aplicó.

En Mongolia las autoridades no protegieron a quienes se dedicaban al pastoreo tradicional frente a las actividades de empresas mineras, que repercutían negativamente sobre sus medios de vida, su cultura ancestral y su acceso a la tierra y al agua potable.

Pese a las promesas de los sucesivos gobiernos afganos, las personas internamente desplazadas seguían careciendo de vivienda adecuada, comida, agua, atención médica y oportunidades de educación y empleo. La mayoría se veían obligadas a recorrer diariamente largos trayectos para buscar agua, tenían dificultades para conseguir una comida al día y carecían de acceso a instalaciones básicas de salud.

Las autoridades de Países Bajos continuaron reticentes a aplicar la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU de establecer una estrategia integral para garantizar que todas las personas, incluidas las personas migrantes indocumentadas, disfrutan de los niveles mínimos esenciales de los derechos recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (entre ellos el derecho al agua y saneamiento).

El gobierno palestino con sede en Ramala impuso varias medidas punitivas contra Gaza en un intento de presionar a la administración de Hamás para que entregase el control del territorio. Estas medidas dificultaron el acceso de la población civil a servicios  esenciales como el agua.

La escasez de agua se agudizó en Túnez al disminuir las reservas de los pantanos un 42% respecto de la media anual. En agosto, el ministro de Agricultura, Recursos Hídricos y Pesca declaró que el gobierno no tenía una estrategia nacional para la distribución del agua, por lo que era imposible garantizar un acceso equitativo. La escasez de los últimos años afectó desproporcionadamente a la distribución y causó reiterados cortes del líquido vital en regiones marginadas, que desembocaron en protestas locales a lo largo de 2017.

En Mozambique las empresas mineras adquirían tierras utilizadas por la población local, lo que Informe 2017/18 Amnistía Internacional 323 agravaba la situación de inseguridad alimentaria que afectaba a más del 60% de la población de zonas rurales, cuyos medios de vida y acceso a la alimentación y al agua dependían de la tierra.

Fue en septiembre cuando los habitantes de la pequeña localidad de Deguech, en la región de Tozeur se organizaron para protestar frente a la oficina de la autoridad local y así exigir una solución a los cortes periódicos de agua corriente que habían sufrido durante el verano.

En julio, algunos barrios de Redeyef, en la región de Gafsa, estuvieron sin agua corriente más de un mes, y localidades como Moulares sólo dispusieron de ella unas horas al día. La ONG Observatorio Tunecino del Agua anunció en marzo que había registrado 615 cortes de agua y 250 protestas relacionadas con el acceso.

Los Estados deben superar todos los desafíos y trabajar en garantizar el derecho al agua desde plantar bosques, reconectar los ríos con las llanuras aluviales y restaurar los humedales. El agua es vital y debe ser tomado enserio como derecho consustancial a la vida y la dignidad para cumplir con las mejoras de la salud pública y los medios de vida.