YEMEN: LA INTERRUPCIÓN REPENTINA E IRRESPONSABLE DE LA AYUDA ESTADOUNIDENSE AGRAVA LA CRISIS HUMANITARIA Y PONE A MILLONES DE PERSONAS EN PELIGRO

La interrupción repentina e irresponsable de la ayuda estadounidense tendrá consecuencias catastróficas sobre los grupos más vulnerables y marginados de Yemen, incluidas las mujeres y las niñas, los menores y las personas internamente desplazadas, ya que pondrá en peligro su seguridad, su dignidad y sus derechos humanos fundamentales

La interrupción repentina e irresponsable de la ayuda exterior por parte del gobierno de Estados Unidos pone en peligro la salud y los derechos humanos de millones de personas que dependen de la ayuda humanitaria en Yemen, ha declarado hoy Amnistía Internacional. 

Tras una década de conflicto devastador, Yemen sigue enfrentándose a una de las peores crisis humanitarias del mundo. 

Personal humanitario ha explicado a Amnistía Internacional que la decisión del presidente Donald Trump de dejar de financiar la ayuda de Estados Unidos ha provocado la interrupción de servicios de asistencia y protección de primera necesidad, como el tratamiento de la desnutrición en niños y niñas, mujeres embarazadas y madres lactantes, los albergues seguros para supervivientes de violencia de género y la atención médica para menores que padecen cólera y otras enfermedades. 

La interrupción repentina e irresponsable de la ayuda estadounidense tendrá consecuencias catastróficas sobre los grupos más vulnerables y marginados de Yemen.

Diala Haidar, investigadora de Amnistía Internacional sobre Yemen  

“La interrupción repentina e irresponsable de la ayuda estadounidense tendrá consecuencias catastróficas sobre los grupos más vulnerables y marginados de Yemen, incluidas las mujeres y las niñas, los menores y las personas internamente desplazadas, ya que pondrá en peligro su seguridad, su dignidad y sus derechos humanos fundamentales”, ha afirmado Diala Haidar, investigadora de Amnistía Internacional sobre Yemen. 

“A menos que Estados Unidos restablezca de inmediato el financiamiento suficiente para prestar ayuda de primera necesidad en Yemen y garantice un rápido desembolso de fondos, la situación humanitaria en Yemen, ya devastadora de por sí, se deteriorará aún más y millones de personas se quedarán sin el apoyo que tanto necesitan.” 

“Otros Estados donantes también deben actuar urgentemente para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, en concreto proporcionar asistencia humanitaria y apoyar los derechos humanos en Yemen.” 

Tras años de conflicto y crisis agravadas en Yemen, se estima que 19,5 millones de personas —más de la mitad de la población— dependen de la ayuda. Yemen es el escenario de la quinta mayor crisis de desplazamiento a escala global; según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, el número de personas internamente desplazadas, la mayoría de las cuales son mujeres y menores, se estima en 4,8 millones. En los últimos cinco años, tanto durante el primer mandato del presidente Trump como durante el del presidente Biden, Estados Unidos ha sido sistemáticamente el mayor donante de Yemen; en 2024, aportó 768 millones de dólares de ayuda, equivalente a la mitad del plan de respuesta humanitaria coordinada de Yemen. 

Amnistía Internacional entrevistó a diez especialistas humanitarios y trabajadores de ayuda humanitaria con conocimiento directo de la situación sobre el terreno, así como a seis representantes de organizaciones locales de derechos humanos, cinco de las cuales prestan servicios directos a grupos vulnerables; todos ellos afirmaron que el impacto de la suspensión sería devastador y provocaría sufrimiento, muerte y más inestabilidad en un país ya de por sí frágil. Todas las personas entrevistadas solicitaron permanecer en el anonimato. 

La forma en que el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a los huzíes como Organización Terrorista Extranjera ha agravado aún más la situación humanitaria. Varias organizaciones humanitarias internacionales se han visto obligadas a suspender sus operaciones de asistencia en los territorios bajo control huzí en el complejo entorno humanitario del norte de Yemen ante las dificultades a las que se enfrentan para certificar que cumplen las condiciones que lleva aparejada esa designación. La designación de Organización Terrorista Extranjera ha provocado gran confusión y preocupación, según refirió el personal humanitario a Amnistía Internacional. En la orden ejecutiva que puso en marcha el proceso de designación no figuraba ninguna exención humanitaria y se ordenaba que dejaran de aportarse fondos a toda organización que “criticara los esfuerzos internacionales para contrarrestar a Ansar Allah [los huzíes] y no documentara suficientemente los abusos de Ansar Allah”. 

“Las medidas de Estados Unidos dirigidas contra las autoridades huzíes de facto deberían prever exenciones claras y efectivas paralas operaciones de ayuda humanitaria y el suministro de artículos de primera necesidad. La mayoría de la población civil que necesita ayuda urgente vive en zonas controladas por los huzíes en el norte de Yemen. La designación de los huzíes como organización terrorista por parte de Estados Unidos no debería obstaculizar la prestación de ayuda y otros suministros indispensables para mantener a las personas con vida, en buen estado de salud y protegidas”, ha afirmado Diala Haidar. 

Además, desde el 15 de marzo, Estados Unidos ha intensificado sus operaciones militares en Yemen y llevado a cabo varias oleadas de ataques aéreos contra objetivos huzíes, en especial en Saná, Saada, Hodeida y otras gobernaciones bajo control huzí. 

“La población de Yemen, hambrienta, desplazada y exhausta por la violencia, vivía ya una de las crisis humanitarias más graves del mundo. La escalada de las fuerzas armadas en Yemen, junto con la suspensión de la ayuda estadounidense, agravará el desastre humanitario al que se enfrenta una población que trata aún de recuperarse de un prolongado conflicto. No tiene por qué ser así: Estados Unidos debe reanudar de inmediato el financiamiento de estos programas”, ha declarado Diala Haidar. 

“Nos hemos visto obligados a tomar decisiones de vida o muerte.”

El 20 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la orden ejecutiva de paralizar toda la ayuda exterior mientras se llevaba a cabo una revisión de 90 días para garantizar su adecuación a la política exterior de su gobierno. El 24 de enero, Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, emitió una orden de paralización de la actividad de quienes prestaban asistencia en todo el mundo. Estados Unidos indicó que se concederían exenciones, en especial para la “asistencia humanitaria de primera necesidad”. El 10 de marzo, apenas seis semanas después de que se ordenara la revisión, Rubio anunció en X que el 83% de los programas de ayuda exterior de USAID se habían cancelado oficialmente. 

Las organizaciones humanitarias se han visto obligadas a tomar decisiones imposibles sobre servicios de primera necesidad, sin recibir indicaciones claras de las agencias estadounidenses como USAID, según han comunicado a Amnistía Internacional varios miembros del personal humanitario. 

Un miembro del personal de ayuda humanitaria afirmó: “Nos hemos visto obligados a tomar decisiones de vida o muerte con poca o ninguna información. A menudo no hay nadie con quien hablar, porque han desmantelado USAID. Las personas a las que enviamos correos electrónicos ya no están. Eso afecta a nuestro financiamiento para Yemen, así como a muchos otros en distintos lugares”. 

El 28 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos notificó oficialmente al Congreso la disolución de USAID, lo que supondrá la eliminación de algunas funciones y el traspaso de las restantes al Departamento de Estado. 

Impacto devastador sobre mujeres y niñas

Las mujeres y niñas de Yemen sufren discriminación sistémica y violencia de género desde hace largo tiempo. En Yemen no hay edad mínima legal para contraer matrimonio, y casi un tercio de las niñas se casan antes de cumplir 18 años. El matrimonio infantil se asocia a vulneraciones de los derechos humanos de por vida. Además, Yemen tiene una de las tasas de mortalidad materna más altas de Oriente Medio y el norte de África; según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), mueren casi 200 mujeres por cada 100.000 nacimientos.

Según especialistas y personal humanitario entrevistados por Amnistía Internacional, en marzo de 2025, la suspensión de los fondos de ayuda estadounidenses había obligado ya a cerrar decenas de espacios seguros —diseñados para prevenir o paliar la violencia de género— para mujeres y niñas en todo Yemen. Se advirtió de que, de no restablecerse el financiamiento, se cerrarían decenas de centros sanitarios y clínicas de salud y protección reproductivas, lo que negaría el acceso a atención sanitaria de primera necesidad, apoyo psicosocial y asistencia letrada a cientos de miles de mujeres y niñas, incluidas aquéllas sobrevivientes de la violencia de género. 

Una representante de una organización local que presta diversos servicios a sobrevivientes de la violencia de género, como albergues seguros, asistencia letrada y apoyo psicosocial, afirmó que la suspensión de la ayuda estadounidense había afectado gravemente a más de la mitad de sus programas. Según contó a Amnistía Internacional: 

“Cientos de mujeres se verán afectadas… Ya no ofrecemos apoyo psicológico, que es un servicio crucial para las sobrevivientes de la violencia de género. También se suspenderá la asistencia letrada gratuita”. 

Además de la suspensión del financiamiento, la designación de los huzíes como organización terrorista por parte de Estados Unidos ha llevado a suspender sus operaciones en zonas bajo control huzí a organizaciones internacionales al frente de programas de primera necesidad que prestan apoyo a menores con desnutrición, mujeres embarazadas y madres lactantes. 

Estados Unidos echa por tierra años de trabajo de organizaciones lideradas por mujeres yemeníes para apoyar y empoderar a otras mujeres.

Diala Haidar, investigadora de Amnistía Internacional sobre Yemen

“Estados Unidos echa por tierra años de trabajo de organizaciones lideradas por mujeres yemeníes para apoyar y empoderar a otras mujeres”, ha declarado Diala Haidar. “Cuando las sobrevivientes de la violencia de género pierden el acceso a los albergues, al apoyo psicosocial, a las derivaciones a centros de salud, a la asistencia letrada y a otros servicios esenciales, se enfrentan a consecuencias que ponen en peligro su vida. La suspensión del financiamiento amenaza con desmantelar la red de protección y apoyo existente que han construido a lo largo de los años las mujeres yemeníes defensoras de los derechos humanos y las organizaciones humanitarias; como consecuencia, las niñas serán cada vez más vulnerables, entre otras cosas, al matrimonio precoz, la trata de personas, la mendicidad y el trabajo infantil”. 

Las políticas de Estados Unidos con respecto a Yemen han afectado también a otros grupos vulnerables, como los menores y las personas internamente desplazadas. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, aproximadamente 2,3 millones de la población infantil de Yemen, cerca de la mitad de los menores de cinco años, sufren desnutrición aguda. Varias organizaciones han tenido que suspender o cancelar los servicios de protección, salud y nutrición que prestaban a bebés, niños y niñas. También se prevé que cientos de miles de personas internamente desplazadas pierdan el acceso a asistencia humanitaria de primera necesidad como consecuencia de la interrupción del financiamiento. 

“La suspensión del financiamiento silencia las voces de las víctimas y debilita la justicia.”

Representantes de organizaciones locales de derechos humanos en Yemen también han expresado que la interrupción repentina de los fondos estadounidenses ha puesto en peligro su trabajo de observación de las violaciones de derechos humanos y los abusos contra estos derechos, al tiempo que socava los derechos de cientos de personas a las que ayudaban a encontrar albergues, asistencia letrada y seguridad, en especial sobrevivientes de violencia de género, mujeres defensoras de derechos humanos y familias de víctimas de desaparición forzada. Han señalado, además, que la medida socava sus intentos de exigir justicia y rendición de cuentas en Yemen, y que temen que envalentone aún más a los responsables de los abusos. 

Al describir la suspensión, un defensor de los derechos humanos explicó: “Ya nos enfrentamos a restricciones en nuestro trabajo [a favor de los derechos humanos] por parte de diferentes autoridades [yemeníes], así que esta situación nos hace sentir como si la comunidad internacional nos hubiera abandonado”.  

Una defensora de los derechos humanos explicó que la suspensión del financiamiento estadounidense tendría un impacto directo sobre las víctimas de violaciones de esos derechos, especialmente las personas sometidas a detención arbitraria y desaparición forzosa, dado que el trabajo de documentación y los servicios de asistencia letrada gratuita se verían interrumpidos. Según sus palabras: “El derecho de estas víctimas y sus familias a obtener verdad y justicia está en juego”. 

Otro defensor de los derechos humanos afirmó: “La suspensión del financiamiento no sólo pone fin a los proyectos, sino que silencia las voces de las víctimas y debilita la justicia en Yemen”. 

Información complementaria

En los últimos cinco años, Estados Unidos ha sido de forma continuada el mayor donante de ayuda humanitaria en Yemen. Otros grandes donantes que contribuyen a la respuesta humanitaria son Reino Unido, la Comisión Europea, Arabia Saudí y Alemania. Incluso antes de la suspensión de la ayuda estadounidense, el plan de respuesta humanitaria en Yemen llevaba años de grave y constante fata de financiamiento. En abril de 2025, el plan sólo estaba financiado en un 6,9%. 

Los huzíes también han exacerbado la crisis humanitaria, al atacar a personal humanitario e internacional que presta servicios de primera necesidad en el norte de Yemen. Desde el 31 de mayo de 2024, los huzíes han llevado a cabo incursiones en zonas bajo su control y han detenido arbitrariamente a 13 miembros del personal de la ONU y no menos de 50 personas que trabajaban para organizaciones internacionales de la sociedad civil. Del 23 al 25 de enero de 2025, los huzíes emprendieron otra campaña de arrestos y sometieron a detención arbitraria a ocho miembros del personal de la ONU. El 11 de febrero, uno de los ocho trabajadores de la ONU detenidos murió bajo custodia huzí. Muchas de las personas detenidas trabajaban para prestar asistencia o protección a la población más necesitada; las detenciones llevaron a la ONU a anunciar la suspensión de todos los movimientos oficiales hacia zonas bajo control huzí y dentro de ellas en enero de 2025.