TAIWÁN: LA PRIMERA EJECUCIÓN DESDE 2020, UN RETROCESO VERGONZOSO

La ejecución de Huang Linkai (黃麟凱) este 16 de enero se llevó a cabo violando las salvaguardias constitucionales e internacionales relativas al uso de la pena de muerte

Ante la primera ejecución que han llevado a cabo las autoridades taiwanesas desde abril de 2020, E-Ling Chiu, directora de Amnistía Internacional Taiwán, ha declarado:

“Esta ejecución es un hecho escandaloso y cruel. El ministro de Justicia de Taiwán ha anulado de un plumazo varios años de avances logrados con gran esfuerzo en la abolición de la pena de muerte. Se trata de un enorme retroceso para los derechos humanos en Taiwán.

“La ejecución de Huang Linkai (黃麟凱) este 16 de enero se llevó a cabo violando las salvaguardias constitucionales e internacionales relativas al uso de la pena de muerte, y cuando un recurso presentado por su abogado para detener la ejecución seguía pendiente de resolución ante los tribunales. Esto hace que su ejecución sea ilegítima y arbitraria, y que constituya una violación del derecho a la vida.

“Es aterrador que la ejecución se llevara a cabo sólo unas horas después de notificarse, sin posibilidad de una última visita familiar. La pena de muerte es un castigo cruel e irreversible, y las autoridades taiwanesas la han aplicado de una manera que manifiesta el más absoluto desprecio por los derechos de las personas afectadas.

“Instamos al gobierno de Taiwán a que detenga de inmediato cualquier plan de llevar a cabo otras ejecuciones. Por el contrario, las autoridades deben cambiar de rumbo con carácter inmediato y establecer la suspensión oficial de las ejecuciones como primer paso fundamental para abolir la pena de muerte”.

Información complementaria

El 16 de enero, Cheng Ming-chien (鄭銘謙), ministro de Justicia de Taiwán, anunció que había autorizado la ejecución de Huang Linkai, que fue declarado culpable de violación y dos asesinatos en 2017.

El 20 de septiembre de 2024, el Tribunal Constitucional de Taiwán se pronunció sobre un recurso de inconstitucionalidad de la pena de muerte, y reconoció las deficiencias fundamentales que han caracterizado su uso. El Tribunal reforzó las protecciones de derechos humanos aunque concluyó que la pena de muerte era constitucional para delitos graves como el asesinato. Además, dio a las autoridades dos años para modificar la ley a fin de ajustarse a la sentencia.

Como parte de su fallo, el Tribunal resolvió que la pena de muerte debe imponerse únicamente después de sentencias dictadas por unanimidad y que la fiscalía debe revelar esa información. En el momento en que se programó la ejecución de Huang Linkai, su abogado no había recibido información que confirmase que la decisión en su caso se había adoptado por unanimidad. Además, en su caso no se había realizado una investigación social previa a la imposición de la pena, lo que planteaba dudas acerca de si se había seguido el criterio establecido por el Tribunal Constitucional según el cual los casos han de se examinado con arreglo al proceso más riguroso.

El abogado de Huang Linkai presentó un recurso en la misma tarde del 16 de enero, en el que pedía que se examinaran estos aspectos. A pesar de ello, las autoridades llevaron a cabo la ejecución.

La salvaguardia núm. 8 de las Salvaguardias de la ONU para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte, aprobadas sin votación por dos órganos de la ONU en 1984, establece que: “[n]o se ejecutará la pena capital mientras estén pendientes algún procedimiento de apelación u otros procedimientos de recurso o relacionados con el indulto o la conmutación de la pena”.

La última ejecución en Taiwán se llevó a cabo el 1 de abril de 2020. A 31 de diciembre de 2023, se habían confirmado 37 de las 45 condenas a muerte existentes, y las personas afectadas corrían peligro de ser ejecutadas. A día de hoy, 113 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 144 son abolicionistas en la ley o en la práctica.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia de la persona acusada o del método de ejecución utilizado por el Estado.