EUROPA: NO RECONOCER EL DAÑO CAUSADO POR LA PENALIZACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL ES UNA “OPORTUNIDAD PERDIDA”

En 2016, el Parlamento francés promulgó la Ley núm. 2016-444 que penaliza la compra de servicios sexuales, incluso entre personas adultas que han dado su consentimiento. Un grupo de trabajadoras sexuales junto con uno de sus sindicatos y varias asociaciones humanitarias impugnaron la ley ante los tribunales franceses, pero sus alegaciones de inconstitucionalidad fueron rechazadas en 2019

La sentencia dictada hoy por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en contra de las trabajadoras sexuales que solicitaban reparación por la vulneración de sus derechos derivada de la criminalización de su trabajo es una oportunidad perdida para proteger mejor a las trabajadoras sexuales de los abusos y la violencia; así lo ha manifestado Amnistía Internacional. 

En MA and others v. France, el Tribunal examinó las consecuencias para los derechos humanos del llamado “modelo nórdico”, marco jurídico adoptado por Francia en 2016 que ilegaliza la compra de servicios sexuales y criminaliza aspectos organizativos del trabajo sexual.

“Esta sentencia no reconoce que penalizar el trabajo sexual aumenta la discriminación y la estigmatización y pone en peligro la seguridad de las trabajadoras sexuales, que se encuentran entre los grupos más marginados de nuestras sociedades”, ha afirmado Anna Błuś, investigadora de Amnistía Internacional sobre los derechos de las mujeres.

“Penalizar la compra de servicios sexuales obliga a las personas que ofrecen estos servicios a correr más riesgos, y penalizar la explotación de prostíbulos les impide trabajar juntas para garantizar su seguridad. Esta criminalización también pone en peligro sus derechos humanos, ya que obstaculiza su acceso a la vivienda, la asistencia médica y otros servicios críticos, y puede dar lugar a abusos, violencia, acoso y extorsión”.  

Esta sentencia no reconoce que penalizar el trabajo sexual aumenta la discriminación y la estigmatización y pone en peligro la seguridad de las trabajadoras sexuales. 

Anna Błuś, investigadora de Amnistía Internacional sobre los derechos de las mujeres

Amnistía internacional presentó una intervención de terceros en la causa con las conclusiones de sus investigaciones en Argentina, Hong Kong, Irlanda, Noruega, Papúa Nueva Guinea y República Dominicana. Su investigación revela cómo la criminalización obliga a las personas que se dedican al trabajo sexual a actuar a escondidas poniendo en peligro su seguridad y les impide solicitar apoyo o protección de las autoridades.

“Nuestra investigación pone de relieve que las leyes supuestamente destinadas a proteger a las trabajadoras sexuales de hecho las exponen a más abusos y violencia, incluidas violaciones y ataques físicos”, ha afirmado Anna Błuś.

“La sentencia de hoy es un duro golpe para las valientes trabajadoras sexuales que presentaron esta demanda. Seguimos apoyando a las trabajadoras sexuales en su demanda de protección de sus derechos humanos y en su búsqueda de justicia por las violaciones de derechos perpetradas contra su comunidad y de mejora de la protección de sus derechos humanos en el futuro.”    

Información complementaria 

En 2016, el Parlamento francés promulgó la Ley núm. 2016-444 que penaliza la compra de servicios sexuales, incluso entre personas adultas que han dado su consentimiento. Un grupo de trabajadoras sexuales junto con uno de sus sindicatos y varias asociaciones humanitarias impugnaron la ley ante los tribunales franceses, pero sus alegaciones de inconstitucionalidad fueron rechazadas en 2019.

Posteriormente, 261 trabajadoras sexuales presentaron una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Alegaban violaciones de los artículos 2 y 3 (derecho a la vida y a no sufrir tortura y otros malos tratos) y del artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada).

El Tribunal decidió examinar únicamente las alegaciones de violación del artículo 8 y resolvió que había que conceder a Francia un amplio “margen de apreciación” al legislar sobre el trabajo sexual.No obstante, hizo hincapié en que las autoridades nacionales tienen el deber de someter su enfoque a una revisión constante, especialmente cuando se basa en una prohibición general y absoluta de la compra de servicios sexuales, para garantizar que la legislación puede modificarse a medida que evolucionan las normas internacionales en este ámbito.