El conflicto en Sudán se alimenta de un flujo constante de armas hacia el país; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo documento que ha publicado hoy.
El informe, titulado New Weapons Fuelling the Sudan Conflict, documenta la transferencia de armas extranjeras de reciente fabricación a Sudán y sus alrededores, a menudo en flagrante incumplimiento del embargo de armas impuesto vigente sobre Darfur.
Amnistía Internacional concluye que Sudán está importando gran cantidad de armas y municiones recientemente fabricadas o transferidas de países como China, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Serbia, Turquía y Yemen, y que éstas se desvían a Darfur en algunos casos.
Hasta la fecha, más de 16.650 personas han perdido la vida desde la escalada del conflicto entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en abril de 2023. Amnistía Internacional ha documentado víctimas civiles en ataques tanto indiscriminados como directos contra la población civil. Algunas de las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por las partes en el conflicto constituyen crímenes de guerra. Más de 11 millones de personas se han visto desplazadas internamente, según cálculos, y millones corren peligro inminente de hambruna.
El flujo constante de armas hacia Sudán sigue causando la muerte y el sufrimiento de civiles en una escala inmensa.
Deprose Muchena, director general de Impacto Regional en Derechos Humanos de Amnistía Internacional
“El flujo constante de armas hacia Sudán sigue causando la muerte y el sufrimiento de civiles en una escala inmensa”, ha manifestado Deprose Muchena, director general de Impacto Regional en Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
“Según revela nuestra investigación, han entrado armas en el país que se han puesto en manos de combatientes acusados de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Hemos rastreado metódicamente una variedad de armas letales, incluidas pistolas, escopetas y fusiles, que las fuerzas enfrentadas están utilizando en Sudán.
“Es evidente que el embargo de armas en vigor, que en la actualidad sólo se aplica a Darfur, es totalmente insuficiente y debe actualizarse y ampliarse para abarcar todo Sudán. Es una crisis humanitaria que no se puede ignorar. Ante la grave amenaza de hambruna, el mundo no puede seguir fallando a la población civil de Sudán.”
Amnistía Internacional analizó más de 1.900 registros de envíos de dos proveedores de datos comerciales así como pruebas digitales y de código abierto —entre ellas aproximadamente 2.000 fotos y vídeos— de la presencia en Sudán de armas de fabricadas o importadas recientemente. Además, en febrero y marzo de 2024, Amnistía Internacional entrevistó a 17 expertos regionales sobre armas y Sudán para corroborar el análisis de datos e investigar las líneas de suministro de armas utilizadas por diversos grupos.
Amnistía Internacional identificó armas pequeñas y municiones recientemente fabricadas o transferidas de una diversidad de países que estaban siendo utilizadas por las partes del conflicto en el campo de batalla. Ambas partes enfrentadas han utilizado avanzados inhibidores de drones, morteros y fusiles antimateriales fabricados en China. Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han utilizado una variedad de vehículos blindados de transporte de personal fabricados recientemente en Emiratos Árabes Unidos.
Los datos comerciales sobre envíos indican que empresas turcas han exportado cientos de miles de armas de fogueo a Sudán en años recientes, junto con millones de cartuchos de fogueo. Amnistía Internacional cree que estas armas y municiones de fogueo pueden estar siendo transformadas en armas letales en gran escala en Sudán, lo que indica la necesidad de un control más estricto de este comercio en gran medida no regulado.
Asimismo, Amnistía Internacional detectó que el desvío de armas pequeñas normalmente destinadas al mercado civil a las fuerzas gubernamentales y los grupos armados de oposición era una tendencia emergente. Empresas de Turquía y Rusia han exportado variantes de armas pequeñas para uso civil que utilizan ambas partes del conflicto.
Armas como los fusiles de tirador designado Tigr o los fusiles Saiga-MK, fabricados por la empresa rusa Kalashnikov Concern y normalmente destinados a uso civil, se han vendido a traficantes de armas estrechamente vinculados a las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF).
Sarsilmaz, principal fabricante de armas pequeñas de Turquía, suministra material a las SAF. El análisis de datos comerciales reveló asimismo que empresas turcas más modestas, como Derya Arms, BRG Defense y Dağlıoğlu Silah, también han exportado escopetas y rifles de caza a Sudán en los últimos años. Por ejemplo, en un vídeo publicado por las RSF en su cuenta oficial de X (antes Twitter), supuestamente grabado en Nyala, en Darfur del Sur, el 15 de febrero de 2024, se ve a un soldado de las RSF armado con un fusil BRG 55 fabricado por la empresa turca Burgu Metal. Amnistía Internacional también reveló indicios de que se han utilizado morteros chinos de fabricación reciente en El Daein (Darfur Oriental) y de que también hay mucha presencia de armas pequeñas chinas recientes en otras partes de Sudán.
“El Consejo de Seguridad de la ONU debe ampliar urgentemente el embargo de armas al resto de Sudán.
Deprose Muchena
“El Consejo de Seguridad de la ONU debe ampliar urgentemente el embargo de armas al resto de Sudán y asimismo reforzar sus mecanismos de vigilancia y verificación”, ha afirmado Deprose Muchena.
“Tal ampliación debe servir para vigilar las transferencias internacionales y prevenir el desvío ilícito de armas al país con eficacia, y debe abarcar toda clase de armas posibles para combatir el desvío generalizado de escopetas, rifles de caza, armas de fogueo y municiones conexas hacia Sudán.”
“Al suministrar armas a Sudán, los Estados Partes en el Tratado sobre el Comercio de Armas, como China y Serbia, incumplen sus obligaciones jurídicas en virtud de los artículos 6 y 7 del Tratado y, por tanto, socavan el marco jurídicamente vinculante que regula el comercio mundial de armas.”
“Dados los graves y continuos riesgos para los derechos humanos, todos los Estados y empresas deben suspender de inmediato el suministro de toda clase de armas y municiones a Sudán, incluidos el suministro, venta o transferencia de armas y material militar, directo o indirecto, incluidas tecnologías, piezas y componentes conexos, asistencia técnica, formación y asistencia económica o de otro tipo. Los Estados deben asimismo prohibir de manera explícita la transferencia a Sudán de armas de fuego para uso civil, documentadas repetidamente por Amnistía Internacional en manos de las partes del conflicto.”
Amnistía Internacional obtuvo información pormenorizada sobre más de 1.900 envíos de armas de diversos países a Sudán examinando los datos comerciales sobre envíos recogidos de dos proveedores, que abarcan los periodos de 2013-2023 y 2020-2023, respectivamente.
A continuación, Amnistía Internacional y su Cuerpo de Verificación Digital corroboraron la presencia de los sistemas de armas identificados en los datos comerciales recopilando y analizando un gran número de vídeos e imágenes recogidos de plataformas de redes sociales. Las fotografías y vídeos incluyen imágenes publicadas por las RSF y las SAF, y también contenido de operativos conocidos por su filiación a las SAF o las RSF. En la medida de lo posible, las pruebas digitales también fueron analizadas y verificadas por el Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.
Debido a la continuación del conflicto, el equipo investigador de Amnistía Internacional no pudo trabajar en Sudán. A todas las empresas y actores citados se les presentaron las conclusiones antes de su publicación y se les brindó la oportunidad de responder y proporcionar información adicional. Se han incorporado elementos de estas respuestas al documento cuando se ha considerado pertinente.
En abril de 2023 estallaron los combates en Sudán entre las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), de carácter paramilitar. Desde entonces, otros actores y grupos armados se han unido al conflicto, alineándose con las SAF o con las RSF. Los combates estallaron tras varios meses de tensión entre ambos grupos por la reforma de las fuerzas de seguridad, propuesta como parte de las negociaciones para un nuevo gobierno de transición, entre otros asuntos.
El conflicto ha causado el desplazamiento masivo de civiles, con más de 7,3 millones de personas internamente desplazadas desde abril de 2023, según cálculos de la ONU. Además, se calcula que otros 2,1 millones de personas han huido a los países vecinos de Chad, Egipto, Etiopía, República Centroafricana y Sudán del Sur, donde viven en pésimas condiciones.
El 15 de abril de 2024, primer aniversario del conflicto de Sudán, Amnistía Internacional lanzó una petición global para instar al Consejo de Seguridad de la ONU a extender el actual embargo de armas sobre Darfur al resto de Sudán. Es parte de una campaña general de Amnistía Internacional que aboga por la protección de la población civil en Sudán y pide que los perpetradores de atrocidades contra civiles rindan cuentas de sus actos.
Tags: Sudán, Derechos Humanos, Seguridad Humana.
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