“La deuda de la salud” analiza la garantía del derecho a la salud en Paraguay a partir de la situación del sistema público sanitario. En línea con estándares internacionales, el informe estudia las brechas de acceso a los servicios de salud, centrándose en las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, y calidad, con especial énfasis en la atención primaria a la salud (APS). La APS constituye un elemento básico y obligatorio para todos los Estados parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual forma parte Paraguay.
“El sistema público de salud está fallándole a todas las personas en el país, y es particularmente duro con grupos habitualmente discriminados, tales como mujeres trans y personas indígenas, quienes se enfrentan con múltiples barreras al intentar acceder a él. Las autoridades paraguayas deben fortalecerlo y humanizarlo de manera urgente, a través de más y mejor inversión. El bienestar de más de 5 millones de personas depende de ello”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía internacional.
El sistema público de salud está fallándole a todas
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
las personas en el país, y es particularmente duro
con grupos habitualmente discriminados, tales como mujeres trans y personas indígenas, quienes
se enfrentan con múltiples barreras
al intentar acceder a él. Las autoridades paraguayas deben fortalecerlo y humanizarlo de manera urgente, a través de más y mejor inversión. El bienestar de más de 5 millones de personas depende de ello.
La metodología del informe combina herramientas cuantitativas y cualitativas. Por un lado, se utilizan estadísticas y registros del propio Estado, así como indicadores internacionales en materia de salud y desarrollo económico. Esto se complementó con 18 grupos focales en los que participaron 200 personas; además de cuatro entrevistas a profundidad con personas impactadas por la precariedad del sistema de salud.
En síntesis, Paraguay no invierte lo mínimo recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para asegurar acceso a la salud para todas las personas: el 6% del Producto Interno Bruto (PIB). De hecho, a nivel regional el país ocupa los últimos lugares en inversión en salud. Este desfinanciamiento es grave en un país donde siete de cada 10 personas no tienen ningún seguro de salud, quienes, la mayoría de las veces, dependen del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para evitar gastos por enfermedad que comprometan su proyecto de vida.
El derecho a la salud es un derecho humano reconocido por el derecho internacional y debe garantizarse sin discriminación. Esto implica que el Estado paraguayo debe adoptar todas las medidas necesarias para asegurar de forma gradual el acceso a los servicios de salud de todas las personas.
Por el contrario, la deuda del Estado con la salud de las personas paraguayas produce desigualdades que se expresan de distintas formas. En términos territoriales, la capital y zonas urbanas concentran la mayoría de la infraestructura y recursos frente al resto del país. En términos poblacionales, la institución que atiende a más personas, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), recibe menos dinero por persona atendida que otras instituciones públicas.
Estas brechas se recrudecen considerando otros derechos relacionados. El informe identificó que la inseguridad alimentaria es mayor en hogares con niñez menor de cinco años; y que es más probable que las personas sin seguro de salud tengan menos acceso a agua y saneamiento, lo cual las expone diferenciadamente a enfermedades. Adicionalmente, existe una relación directa entre el estatus laboral y el acceso a un seguro médico. Las personas que se encuentran en situación de informalidad laboral suelen ser más vulnerables frente a emergencias médicas. El trabajo informal suele ser feminizado – es decir, un porcentaje mayor de mujeres opta por esta situación frente a los hombres- y la mayoría de las personas en esta situación se encuentran en los estratos de ingresos más pobres.
“No traté mi cáncer porque tenía que dar de comer a mis hijos y no podía dejar de trabajar. Si ahora tengo que elegir entre mi tratamiento y darles de comer, dejaré el tratamiento”, dijo Felipa, cuyo nombre modificamos para su protección. Ella es habitante de un barrio periférico de Asunción y sus ingresos dependen de la venta de animales de granja y con los que enfrenta un cáncer de cuello uterino en estado avanzado.
No traté mi cáncer porque tenía que dar de comer
Felipa*
a mis hijos y no podía dejar de trabajar. Si ahora tengo que elegir entre mi tratamiento y darles de comer, dejaré el tratamiento
Estas brechas para acceder a la salud se acentúan con la discriminación que frecuentemente viven las mujeres y personas indígenas. La inadecuada o falta de atención prenatal y frente a eventos obstétricos es una violencia que afecta directamente a las mujeres gestantes. Asimismo, mujeres trans denunciaron a Amnistía Internacional que padecen violencia transfóbica en los centros de salud por la falta de reconocimiento de su identidad de género; tanto así que algunas de ellas prefieren no acudir a las instituciones públicas, aún con enfermedades degenerativas.
Por otro lado, las cifras del Instituto Nacional de Estadística apuntan que una buena parte de las personas indígenas también desisten de la atención médica por falta de infraestructura en sus territorios o por los costos asociados a la atención, ya sea por la misma distancia física de los centros de salud o por los frecuentes desabastecimientos de medicamentos o insumos. Amnistía Internacional también conoció historias de personas a las que les brindaron una atención inadecuada por hablar un idioma distinto al español.
“Siempre es hacer sufrir a los indígenas y luego atenderlos, solo pedimos que nos atiendan correctamente”, dijo Silvio, integrante del Pueblo Enxet y cuyo nombre cambiamos para su protección. La vida e ingresos de Silvio y su familia se paralizaron durante meses por la atención negligente e inoportuna de una fractura en la pierna de Lilia, su pareja.
Siempre es hacer sufrir a los indígenas y luego atenderlos, solo pedimos que nos atiendan correctamente
Silvio*
Según el derecho internacional, el Estado paraguayo debe maximizar los recursos públicos para garantizar los derechos humanos, destacando el derecho a la salud, con suficiente inversión a los programas y presupuestos para ello. El diseño de dichas intervenciones debe cumplir con criterios de equidad y no discriminación en el acceso de este derecho humano.
En contraste, Paraguay es uno de los lugares más caros del mundo para enfermarse. Casi cuatro de cada 10 dólares del gasto anual en salud vienen directamente de los bolsillos de la gente por falta de abasto de medicamentos, insumos o falta de atención en general. Esto frecuentemente se sostiene con endeudamiento de las personas y con contribuciones solidarias de redes familiares o comunitarias. Al mismo tiempo y por varios años consecutivos, las autoridades no han ejercido la totalidad del presupuesto destinado para la compra de medicamentos a pesar de que el 40% de las personas reportan no haber recibido medicación gratuita como está establecido en la ley paraguaya.
De acuerdo con la OPS, al menos la tercera parte de la inversión anual en salud debería destinarse a la atención primaria, lo cual es clave para la detección temprana de enfermedades y en consecuencia para el bienestar de la población y desaturación de los niveles superiores de atención. Sin embargo, Paraguay invierte menos de la mitad de lo recomendado por organismos internacionales; mientras -paradójicamente- sí asegura el 4% del presupuesto público para cubrir seguros médicos privados del funcionariado.
Finalmente, las tendencias del financiamiento del sistema público de Paraguay son insostenibles. Durante los últimos años, la tercera parte de la inversión en salud se hizo con deuda pública. De acuerdo con el análisis de Amnistía Internacional, el urgente fortalecimiento del sistema sanitario público pasa, en buena medida, por implementar políticas fiscales progresivas que permitan una mayor y más justa recaudación de fondos públicos. Entre estas, se podría considerar elevar la tasa del impuesto a la renta corporativa y fortalecer el combate a la evasión fiscal. El reporte destaca que, hoy en día, bienes con impactos directos sobre la salud de las personas, como el tabaco, alcohol, alimentos con bajo aporte nutricional o las bebidas azucaradas son una fuente marginal de ingresos del presupuesto público. Además de una mayor recaudación, los impuestos sobre estos bienes bien podrían llevar a la reducción de su consumo y traer mejoras en la salud de las personas.
Amnistía Internacional insta al Estado paraguayo a orientar su política sanitaria alrededor de cinco ejes de acción:
Amnistía Internacional envió este análisis a las autoridades paraguayas para conocer su posición frente a los hallazgos de la organización. Al respecto, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social compartieron el informe presentado en noviembre 2023 sobre los primeros 100 días de gobierno, donde se reportan siete áreas donde se han realizado diversas acciones: 1) menos espera para consultas y citas, 2) salud mental, 3) sistema de información en salud, 4) optimización de recursos financieros y reducción de pasos administrativos, 5) instituciones cardio protegidas y ciudad cardio protegida, 6) tele diagnóstico cardiovascular, y 7) lanzamiento de guía práctica clínica de enfermedades cardio cerebrovasculares. Amnistía Internacional toma nota sobre estos aportes, y sostiene los hallazgos de su análisis, manteniendo la importancia de que el Estado paraguayo tome acción de manera estructural para mejorar el acceso al derecho a la salud en la línea de lo concluido en su informe.
*Nombre cambiado para su protección.
Para más información o solicitar una entrevista, por favor escriba a press@amnesty.org
Tags: Paraguay, Derechos Humanos, Seguridad Humana.
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