8 MESES SIN JUSTICIA: MADRES PIDEN LIBERAR DETENIDOS EN VENEZUELA

La carta aborda las graves violaciones al debido proceso, la vulneración del derecho a la defensa y las condiciones deplorables en las que se encuentran recluidos

Este martes 8 de abril, integrantes del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, quienes son familiares de personas aún detenidas tras el proceso electoral del 28 de julio, intentaron llegar al Palacio de Miraflores para entregar una carta al presidente Nicolás Maduro, en la que solicitan su apoyo para que las autoridades competentes revisen los expedientes de los detenidos y les concedan, a la mayor brevedad posible, la libertad que merecen.

El contenido de la carta enfatiza la inocencia de sus familiares: "Si bien algunas protestas resultaron en actos aislados de violencia, que reconocemos deben ser investigados y sancionados por el Estado, la gran mayoría de aquellos detenidos no estaban cometiendo ningún delito en el momento de su arresto, y no existió ninguna orden judicial en su contra. De hecho, muchos de ellos ni siquiera participaban en dichas protestas".

Asimismo, la carta aborda las graves violaciones al debido proceso, la vulneración del derecho a la defensa y las condiciones deplorables en las que se encuentran recluidos. Destaca el impacto físico, psicológico y económico que esta situación ha provocado en los detenidos y sus familias, en especial en madres, hermanas y esposas, muchas de las cuales provienen de sectores populares.

Han transcurrido ocho meses, y aún permanecen más de 300 personas injustamente detenidas tras las movilizaciones post-electorales. Por ello, las familiares hacen un llamado a la solidaridad colectiva del pueblo, de los medios de comunicación y funcionarios de gobierno, para que el mensaje contenido en esta carta llegue al Presidente de la República, con la esperanza de poner fin a este calvario.

Caracas, abril 8 de 2025

Atención

Nicolás Maduro Moros

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

-. Su Despacho

Reciba un cordial saludo.

Señor Presidente, quienes suscribimos esta carta somos madres, padres, esposas, abuelas, hermanas y tías de personas que fueron injustamente detenidas en el contexto de las movilizaciones post electorales de 2024, quienes, después de 8 largos meses, todavía permanecen privadas de libertad. Nos dirigimos a usted con el propósito de informarle desde nuestra propia voz las graves violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa que han enfrentado nuestros familiares, así como las difíciles condiciones de reclusión en que se encuentran, con la idea de solicitar sus buenos oficios para que las autoridades competentes revisen sus expedientes y les concedan a la mayor brevedad su merecida libertad.

Como es de su conocimiento, en el contexto de las movilizaciones post electorales ocurrieron cerca de 2.400 detenciones. Si bien en algunas de estas protestas se presentaron hechos puntuales de violencia contra las personas y algunas plazas públicas que, reconocemos es obligación del Estado investigar y sancionar debidamente, la inmensa mayoría de las personas que fueron detenidas bajo esta justificación, no se encontraban cometiendo ningún delito en flagrancia, ni existió sobre ellas ninguna orden judicial. Es más, señor Presidente, un gran número de ellas ni siquiera se encontraba participando de las mismas. 

La actuación policial que dio lugar a estas detenciones se caracterizó por un uso desproporcionado de la fuerza y la comisión de delitos, durante los procedimientos, lo que se expresó en golpes, maltratos, allanamientos ilegales y robos de pertenencias, como motos y teléfonos celulares. Varios de nuestros familiares fueron víctimas de desapariciones forzadas de corta duración, por cuanto las autoridades policiales negaron de manera sistemática información sobre el lugar en el que se encontraban detenidas. Los procesos judiciales en curso han violado de manera sistemática y generalizada las más básicas garantías del debido proceso y del derecho a la defensa. Nuestros seres queridos en ningún caso tuvieron la posibilidad de nombrar a sus defensores de confianza; y las audiencias de presentación ocurrieron por vía telemática y colectiva, sin la debida individualización de los hechos atribuidos a cada persona detenida. La defensa pública que se les impuso mantiene poca o nula comunicación con sus representados y con nosotros, sus familiares, y durante la fase de investigación promovieron pocos o ningún medio probatorio a favor de las personas a quienes, en teoría, les corresponde defender.

Han sido reiteradas nuestras denuncias por las indignas condiciones de reclusión, la poca cantidad ycalidad del agua y de los alimentos que les suministran, muchas veces en estado de descomposición ocon un exceso de picante. Todo esto ha provocado serios problemas gástricos e intestinales, así como una generalizada pérdida de peso entre nuestros familiares. Se les priva también del uso de sábanas bajo el argumento de evitar que las usen para atentar contra sus vidas. Se les propinan castigos físicos que suponen el encerramiento en celdas pequeñas, en donde son mojados con agua fría y privados del consumo de alimentos. Varios de nuestros seres queridos presentan enfermedades contraídas en prisión como dengue, infecciones urinarias, gastritis, y otras preexistentes que se han agudizado.

Desde el mes de diciembre se han registrado un importante número de liberaciones, pero todavía más de 300 personas se mantienen en prisión, la mayoría en el Centro Penitenciario de Tocorón, estado Aragua, y algunas otras en centros de detención preventiva. Durante todo este tiempo, la progresiva liberación de estas personas, nos ha mantenido con la esperanza de que pronto será nuestro turno de abrazar a nuestros familiares en libertad. Sin embargo, vemos con preocupación que desde el mes de marzo no se producen nuevas liberaciones mientras cada día que pasa va dejando una enorme huella de desgaste físico, económico y emocional sobre nuestros seres queridos y nuestras familias.

Quienes nos encargamos de cuidar a las personas detenidas somos principalmente mujeres de los sectores populares. Sobre nosotras recae la provisión de alimentos y medicinas los días de visita, la contención emocional de nuestros seres queridos, las gestiones judiciales, y la lucha por la libertad. Varias de nosotras nos encontramos viviendo desde hace 8 meses en las inmediaciones del centro penitenciario en condiciones muy precarias. En tanto nuestro lugar de residencia está ubicado en otros estados del país y no contamos con los recursos para trasladarnos periódicamente, hemos decidido permanecer allí para garantizar estar cerca de nuestros familiares y poder responder ante cualquier urgencia que la situación amerite. Quienes residimos en estados más cercanos al centro penitenciario,

nos trasladamos durante los días de visita, muchas veces teniendo que llegar el día anterior, para garantizar estar en la fila a la hora indicada. Como consecuencia de estas arduas labores, varias de nosotras hemos visto fuertemente afectada nuestra salud, principalmente con subidas de tensión, depresión y dolores lumbares.

Durante la última visita al centro penitenciario de Tocorón, varias familias enfrentamos la dolorosa disyuntiva de tener que renunciar a ver a nuestros seres queridos para poder enviarles las galletas y el chocolate, que son los únicos alimentos que nos permiten ingresarles al penal, pues como consecuencia de la reciente escalada del dólar se nos ha hecho cada vez más insostenible costear simultáneamente los gastos de transporte y la compra de estos alimentos. Las familias que no pudieron trasladarse, sin embargo, recibieron la inhumana noticia de que se les negó la entrega de la paquetería a sus seres queridos, bajo el pretexto absurdo de que ninguno de ellos estaba presente. Esta medida que carece de todo fundamento, desconoce además el sacrificio económico que durante estos largos 8 meses hemos realizado para mantenernos cerca de nuestros familiares y cubrir sus necesidades más básicas. 

Señor Presidente, en días pasados hemos visto con estupor las graves injusticias que se vienen cometiendo en contra de nuestros compatriotas deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador, a quienes, como a nuestros familiares, no se les ha respetado el debido proceso ni el derecho a la defensa y se les ha sometido a indignas condiciones de reclusión. Celebramos la decidida acción del Estado venezolano en la denuncia de estas graves violaciones a los derechos humanos en contra de nuestros connacionales y, por ello, apelamos a sus buenos oficios para que con la misma vehemencia se vele por el cumplimiento de los derechos de nuestros familiares y se logre su pronta liberación.

El país nos demanda un importante esfuerzo de diálogo y reconciliación, y consideramos que continuar con la liberación de las personas presas injustamente, sería un paso en este sentido que, sin duda, contribuiría a abrir los caminos para construir una Venezuela democrática, en paz y con justicia social. Anexamos a esta comunicación una relación con los casos de nuestros familiares en la que identificamos quiénes son ellos, el patrón de arbitrariedad con el que ocurrieron sus detenciones, así como el lugar de reclusión y las condiciones de salud en que se encuentran.